Sorprende mucho que en el debate actual sobre los escandalosos abusos sexuales a menores de edad en clubes de fútbol argentinos, cuando se denuncian las redes de complicidad (y los pactos de silencio que sostienen un negocio infame y criminal), se pierda de vista un aspecto decisivo en la discusión, que hasta el momento ha brillado por su ausencia: gran parte de estos crímenes se cometen hace años porque en el país, con la anuencia de la clase política entera, sin distinción de partidos, (y por eso mismo tal vacío no ha sido puntualizado como una de las responsabilidades centrales de la clase política, que ha mirado para otro lado, como si tal escándalo no puntualizara una responsabilidad institucional de primer orden) permanece vacante un cargo decisivo que perimitiría luchar y haber luchado de modo mucho más firme y coordinado contra estos flagelos aberrantes (habiendo tal vez podido prevenir muchos de ellos): el defensor del niño y el adolescente. Este cargo permanece vacante hace más de una década. Este es el verdadero escándalo institucional y político.
Que las redes de abuso sexual y prostitución de menores, que conculcan de modo aberrante los derechos de los niños pobres a diario, en una población tan vulnerable y vulnerada, se sostienen porque el Estado argentino ha incumplido una obligación decisiva: no ya tener, sino mínimamente haber nombrado al defensor del niño y adolescente argentino. Este es el verdadero escándalo institucional y político detrás de la práctica aberrante, que nos "escandaliza", pero aún no nos mueve hacia donde debería movernos: a un debate serio sobre la designación urgente de esta figura. El Estado argentino es responsable por omisión. Los derechos del niño son todos derechos fundamentales. En el caso de los menores de sectores vulnerables, más expuestos a los abusos, la obligación de tutela del Estado es indelegable. Primaria.
Las redes de trata y prostitución de menores se benefician de este vacío institucional. La ausencia de una estructura coordinada que defienda de modo integral y permanente los derechos de los menores, es funcional a las redes de abusadores, que crecen y se instalan con enorme impunidad no solo en los clubes de futbol, aunque el escándalo se haya hecho visible a través de ellos. Existen pactos de silencio (como los existen en la trata y la prostitución, dos mundos no tan distintos como se suele pensar, ambos se manejan en la clandestinidad) que a su vez generan negocios oscuros que cuentan con la complicidad de vastos sectores policiales y políticos, como el narcotráfico (de hecho muchas mujeres prostituídas padecen la drogadicción forzada, se les genera una adicción, luego deben prostiturise para sostener esa adicción, los prostituyentes dirán así que la mujer es "libre" de prostiturise o no, algo que el feminismo con enorme razón denuncia: la prostitución no es trabajo).
El Estado no puede permanecer impasible ante esto. Debe nombrarse el defensor del niño ya. No se admite ya dilación alguna. La clase política en su conjunto debe afrontar la enorme responsabilidad que tiene en esta materia. ¿Hasta cuándo se demorará tal nombramiento? ¿Cuántos escándalos más hacen falta? ¿Cuántos chicos más deberán padecer en silencio estos crímenes porque la clase política no tiene el coraje ni el decoro mínimo que demandaría su función? Ningún chico argentino puede esperar. El crimen se expande allí donde el Estado permanece en silencio y ausente, mirando para otro lado. Hace falta una política coordinada contra la trata y la prostitución, y también contra los abusos sexuales sobre poblaciones vulnerables y vulneradas, sobretodo los chicos.
Los intereses del niño marcan un "interés superior". Es imperioso que el Estado argentino, a través del Congreso nacional, designe al Defensor del Niño. Ninguna otra discusión es más urgente.
