Nos guste o no, su condición de país excéntrico no exime a la Argentina de participar de las dificultades y realidades que se plantean en el orden mundial. La voladura de la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel, el crecimiento del narcotráfico, la perpetua violación de nuestras fronteras, el contrabando organizado y la depredación impune de nuestra riqueza ictícola por la pesca ilegal en nuestro espacio marítimo así lo certifican.
La Argentina es el octavo país del planeta en superficie. En una civilización acechada por el hambre, posee una de las cuatro praderas más ricas del mundo en capacidad de producir alimentos. También es dueña de una de las reservas de agua dulce más importantes. Y es poseedora de extensiones semidesérticas, frente a la presión demográfica mundial.
¿Puede quedar librada al azar la defensa de la libertad y la independencia de sus habitantes junto con la protección de sus recursos naturales? Pareciera obvio responder negativamente. Sin embargo, gastamos en defensa menos que cualquier otro país de América Latina. Tenemos la menor cantidad de efectivos en proporción a nuestra superficie y población, y la política de defensa no ocupa un lugar entre las preocupaciones de los argentinos.
Ningún país está seguro si no controla sus espacios, ya sean terrestres, marítimos, aéreos o cibernéticos. Cierto es que durante el actual gobierno se produjeron algunos adelantos en lo que respecta a la modernización de nuestro equipamiento. No obstante, estamos lejos de colocarnos en un pie de igualdad con las fuerzas de nuestros vecinos Brasil y Chile.
Al mismo tiempo y de la mano de nuestra vetusta Ley de Defensa, tratamos de suplir la insuficiencia de la protección de nuestro territorio por parte de las fuerzas de seguridad, acompañándolas con hombres de nuestras Fuerzas Armadas. Pero no podemos dejar librados a la propia suerte a quienes son enviados en misiones de presencia disuasiva sin la cobertura legal adecuada.
Asumir la necesidad que tiene la Argentina de recuperar sus espacios y dedicar su empeño a ello puede orientar el diseño y equipamiento en los días que vendrán. Urge, además, que inauguremos los caminos que nos lleven a la construcción de un sistema de defensa regional, avanzando en esquemas de cooperación. Para ello, debemos aspirar a una visión estratégica compartida con nuestros vecinos.
En una situación de estrechez económica como la que vivimos, con una multitud de demandas insatisfechas, será difícil agregar recursos extraordinarios a la pobreza presupuestaria del presente. Pero hay caminos alternativos. La posibilidad de elaborar presupuestos plurianuales posibilitaría darle racionalidad e importancia a la inversión. Estudiar las desfasajes que se producen entre las distintas Fuerzas Armadas y de seguridad y encararlos es una tarea pendiente. Es cierto que gastamos poco. También lo es que gastamos mal.
La magnitud de la tarea a desarrollar y su perdurabilidad en el tiempo dependen de que logremos construir los consensos mínimos entre las principales fuerzas políticas acerca de las políticas que debemos adoptar para proveer a la defensa común. La circunstancia que nos encontremos frente a una nueva elección presidencial es una oportunidad para que demostremos que podemos ponernos de acuerdo en algunas áreas para resolver lo que más conviene a todos.
Hay políticas que se pueden implementar de manera inmediata o al menos comenzar a discutirlas. Nos referimos, entre otras, a la discusión de un presupuesto adecuado que por lo menos garantice iniciar el camino de la reconstrucción, definiendo con claridad el corto, el mediano y el largo plazo. Podemos hacer mucho para trabajar en la modernización si nos abocamos a reglamentar la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que se sancionó prácticamente por unanimidad legislativa. De paso, sería una demostración de madurez política, frente a un mundo que no deja de vernos con asombro y curiosidad.
* Ex ministro de Defensa de la Nación.
