Lucía es un una niña tucumana de 11 años que fue víctima de un embarazo infantil forzado consecuencia de una violación. De acuerdo al marco jurídico vigente en nuestro país, ella tenía derecho de acceder a un aborto legal. El caso llegó a los medios más importantes del mundo: Washington Post, la BBC, France 24, The Guardian, El país, CNN, entre otros. Vergüenza argentina.
En lo que va del año se dieron reiterados casos en los que niñas menores de 15 años llegan a un hospital con embarazos producto de una violación. Particularmente en Tucumán, en 2017 hubo 137 nacimientos de niñas menores de 15 años. Fueron violentadas y agredidas de forma sistemática pero como si fuera poco, al horror que ya viven, el sistema sanitario las revictimiza. Sus embarazos son detectados en forma tardía y luego son sometidas a obstaculizaciones y dilaciones deliberadamente orquestadas por funcionarios públicos de todos los niveles.
Vergüenza estos funcionarios que con su actuación violan la intimidad de las menores cuando difunden detalles de su historia clínica, su estado de salud y su decisión de acceder al aborto legal. Vergüenza los funcionarios judiciales que intervienen para obstruir la práctica amedrentando y amenazando a médicos y profesionales de la salud para que no lleven adelante el aborto. Vergüenza el Ministerio de Salud que no hace el llamado correcto en el momento indicado y ordena que se haga la práctica legal.
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Este caso -junto a otros por ejemplo en Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones y San Juan- es solo la punta del iceberg de una práctica que a esta altura es “sistemática”. Cada 3 horas hay un parto de menores de 15 años en la Argentina. La mayoría son embarazos infantiles forzados como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violencia que afectan gravemente la integridad psíquica y física de las menores. El 53% de los casos de abuso suceden en el hogar y otro 10% en la casa de un familiar. La gravedad de estas cifras se incrementa cuando se observa que en el 75% de los casos el agresor es un familiar y que en un 40% de estos casos el agresor es el padre.
La situación es tan urgente que en 2017 el Gobierno nacional lanzó el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), una iniciativa que aborda de manera interesectorial el problema del embarazo no intencional en la adolescencia. Entre sus puntos establece “...fortalecer las políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo, según el marco normativo vigente...”. El plan como tal es destacable en todos sus aspectos y como política de Estado es ejemplar.
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Vergüenza el Estado argentino que ante estas situaciones no aprueba de una vez por todas el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como una política que dé un mensaje contundente de que esto no será más tolerado y que no va a ser cómplice en someter a las niñas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
