La infanta Cristina, hija del rey de España, se presentó ante la justicia de Palma, Islas de Mallorca, para declarar como imputada por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco del "Caso Nóos".
Su histórica imputación sitúa a la monarquía española en uno de sus momentos más difíciles desde que Juan Carlos accediera al trono en 1975. En los alrededores del juzgado de la ciudad de Palma se reunieron centenares de personas con banderas republicanas e independentistas gritando contra la monarquía y a favor del juez que sigue la causa.
Con una actitud serena, la infanta respondió a la mayoría de las preguntas del juez con evasivas, según contó a la prensa Manuel Delgado, abogado de la acusación popular del Frente Cívico presente en el interrogatorio. "No está contestando prácticamente a nada. No sabe, no contesta y no se sale del guión que teníamos esperado", dijo Delgado. "Sólo ha respondido (con respuestas no evasivas) a 15 o 20 de las más de 400 cuestiones del juez Castro".
Delgado precisó además que la infanta responde reiteradamente que, en el “Caso Nóos”, ella siempre se limitaba a actuar “en función de la confianza que tenía por su marido”. “Entiendo su derecho a no decir una verdad que la comprometa... ese derecho lo está ejerciendo plenamente”, subrayó el abogado. Según el diario “Público”, Delgado confirmó, además, que el grado de conocimiento del rey sobre los hechos estuvo "flotando en el ambiente" durante el interrogatorio.
Cristina de Borbón es el primer miembro de la Casa Real que se sienta en el banquillo y declara por su participación, junto a su marido, el exdeportista Iñaki Urdangarin, en la sociedad “Aizoon”, a la que presuntamente el matrimonio desvió parte de los fondos públicos con los que se enriqueció de forma ilícita.
Virginia López-Negrete, abogada del sindicato Manos Limpias y una de las personas autorizadas para interrogar a la infanta, asegura que no se habría llegado a este punto si el rey Juan Carlos no se hubiera empeñado en proteger y deslindar a su hija de toda responsabilidad. “Creo que la casa real ha hecho una política de comunicación nefasta con este asunto“, explicó López-Negrete. "Daba la impresión que (la infanta) no quería declarar y esto ha hecho pensar a la gente que no todos somos iguales ante la ley".
Mientras tanto, Jesús María Silva, abogado de la infanta, afirmó a la prensa que su defendida es inocente y que se procurará desprender cualquier responsabilidad sobre su persona: “Ella es inocente, lo dice ella, lo creo yo, y, tan pronto como lo explique, lo va a ver toda España”. Semanas antes, el abogado había manifestado que doña Cristina actuó por ”fe y amor por su marido”: “Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona: amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles”.
El juez que investiga el caso, José Castro, considera que la firma “Aizoon” (50% perteneciente a Cristina) fue una de las sociedades pantalla utilizada por el Instituto Nóos, una entidad supuestamente sin fines de lucro presidida por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres pero que habría malversado uno 6 millones de euros provenientes de fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano. Según el juez, la infanta se benefició de los “fondos ilícitamente ingresados” y pagó menos impuestos al cargar gastos personales a la sociedad Aizzon.
La infanta Cristina lleva 28 meses separada de las actividades oficiales de la familia real y su nombre fue borrado del presupuesto que el Estado español designa a la realeza. Su imputación perjudicó notablemente la imagen de la monarquía e hizo que la popularidad del rey cayera a límites inesperados.
Actualmente, el 62% de los españoles desea la abdicación del monarca a favor del príncipe Felipe, quien hasta ahora estuvo libre de toda polémica. En una encuesta del diario madrileño “El Mundo”, el 83% opinó que la Casa Real gestionó mal el caso de la infanta, y el mismo sondeo rebajó la popularidad del monarca al 41%, pero dio niveles de aprobación cercanos al 70% a su hijo y heredero.
(*) Especial para Perfil.com
