Una mesa redonda internacional, con participación de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones estatales y de las sociedades civiles, deberá abocarse a identificar “las dificultades que plantea” erradicar la herencia del colonialismo en los derechos humanos.
La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, tendrá que informar del debate al Consejo de Derechos Humanos, para tomar acción.
Por 27 votos a favor, 20 abstenciones y ninguno en contra, el mencionado Consejo acaba de decidir en Ginebra retomar el deliberaciones sobre “las consecuencia negativas del colonialismo en el disfrute de los derechos humanos”. Se abstuvieron los 9 países allí representativos de los 27 de la Unión Europea. Estados Unidos no participó en el escrutinio, por haber renunciado a su escaño en 2018, pero el microestado de las Islas Marshall, que generalmente vota alineado con Washington, también se abstuvo.
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Destacaron en la presentación de la resolución, China, Cuba, Rusia y Venezuela. El Reino Unido, quien como es sabido abandonó la Unión Europea, se sumó a las abstenciones, pese a que sus dos enmiendas al texto original, fueron aceptadas. A su vez, China radicalizó sus argumentos con otra enmienda, asimismo aceptada. Los 8 países de América Latina y el Caribe que forman parte de los 47 Estados integrantes del aludido Consejo, apoyaron unánimemente el proyecto final, no obstante las diferencias que suelen enfrentarlos en otros temas (Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Cuba, Mexico, Uruguay y Venezuela).
El documento aprobado lamenta que “las medidas para eliminar el colonialismo a más tardar en 2020 … no hayan surtido efecto”, recordando el llamado pronunciado en 2019 por la Asamblea General de Naciones Unidas, su parlamento, el cual congrega a la totalidad de los 193 Estados miembros. Sin embargo, con la holgada mayoría de 27 votos sobre 47, los firmantes aportan ahora un enfoque particular y diferente al del Comité de la ONU que vigila la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, abocado exclusivamente a “las cuestiones relativas a la descolonización”, desde los años 60 del siglo anterior a la fecha.
En efecto, la novedad inherente a la flamante iniciativa refuerza “la importancia primordial de erradicar el colonialismo”, a condición de acompañarlo con la “preocupación” por sus secuelas en todas sus manifestaciones, “como la explotación económica, las desigualdades en los Estados y entre ellos, el racismo sistémico, las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, las formas contemporáneas de esclavitud y los daños al patrimonio cultural”, las que tienen efectos nocivos en “todos los derechos humanos”.
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"El colonialismo ha conducido al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia"
China fue todavía más lejos y convenció a quienes estaban dispuestos a suscribir la resolución, incorporar la complementaria reflexión “que el colonialismo ha conducido al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que los africanos y los afrodescendientes, los asiáticos y los pueblos indígenas fueron víctimas del colonialismo y siguen siendo víctimas de sus consecuencias”.
China consiguió además consenso entre los redactores de la resolución para que se precisara la “profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas cometidas en contextos coloniales”. Agregó “la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos y garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres y los niños indígenas, restablecer la verdad y la justicia, y exigir responsabilidades a los autores”.
El Reino Unido, en presunta e implícita alusión a las denuncias sobre las situaciones en Xinjiang y el Tibet, vinculadas a China, propuso dos párrafos, que se insertaron en la redacción definitiva.
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El primero “reafirma la persecución contra los miembros de cualquier grupo, colectivo o comunidad identificable por motivos raciales, nacionales, étnicos o de otra índole que se reconocen universalmente como inadmisibles en virtud del derecho internacional, así como el crimen de apartheid, constituyen graves violaciones de los derechos humanos y, en algunos casos, se consideran crímenes de lesa humanidad”.
El segundo párrafo incorporado a la proclama por voluntad del Reino Unido “insta a los Estados a que se abstengan de la asimilación forzosa de las personas pertenecientes a minorías, incluidas las poblaciones indígenas, y a que trabajen para garantizar que los planes de estudio y otros materiales educativos no estereotipen a las minorías y a las poblaciones indígenas en función de su origen étnico”.
Conseguido el beneplácito de los 46 Estados restantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a incorporar sus dos enmiendas al escrito original, el Reino Unido se abstuvo de votarlo positivamente cuando llegó el momento de hacerlo.
(*) Desde Ginebra para PERFIL
