La Justicia venezolana es cómplice de las violaciones a los derechos humanos según el informe presentado por una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según el cual el sistema judicial garantiza la impunidad frente a las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violación sexual de opositores perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro.
Este viernes 24 de septiembre la comunidad internacional condenó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en base a un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Al respecto, la jefa de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, dio detalles de la metodología empleada en el informe que citaron numerosos países en la 48° sesión ordinaria de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas para denunciar el estado de los derechos humanos del país caribeño bajo el régimen de Nicolás Maduro.
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En tanto, Valiñas explicó que para elaborar el informe cuya investigación fue en conjunto con otros dos expertos, el chileno Francisco Cox Vial y la argentina Patricia Tappatá Valdez, publicaron un cuestionario en la web desde donde recibieron información de personas que trabajaron en el sistema de justicia de Venezuela, cuyas acreditaciones fueron verificadas. A su vez, analizaron miles de páginas de expedientes judiciales.
"Toda esta información es de origen venezolano. Desafortunadamente no pudimos entrar al país pero si pudimos obtener y analizar la información que nos viene desde dentro", explicó Valiñas.
Además, en la investigación se tuvieron en cuenta los testimonios de los actores del sistema judicial -el foco de la investigación- que actualmente se encuentran en el exilio pero cuya identidad fue corroborada y resguardada.
Jueces, juezas y fiscales se sumaron a los testimonios de las víctimas y sus familiares para describir los métodos con los que el sistema judicial venezolano garantiza la impunidad de agentes del gobierno que escapan al debido proceso legal, uno de los pilares del estado de derecho, en lo relativo a los delitos denunciados.
"Por un lado documentamos las irregularidades del debido proceso y mostramos cómo los actores del sistema de justicia no están actuando siempre en estricto cumplimiento de la ley", subrayó Valiñas y explicó que a partir de ese accionar, la justicia venezolana contribuye con las violaciones a los derechos humanos, al permitir las detenciones arbitrarias o torturas sin proteger a las personas, tal "como debería ser".
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De esta forma, en el informe se analiza hasta qué punto los actores del sistema judicial tienen margen para actuar de manera independiente, sin injerencias exteriores, pero según detalla el informe, en algunos casos no sucede.
"Ex jueces y fiscales nos contaron cómo recibieron instrucciones para decidir los casos y cómo actuar", continuó la experta, y puntualizó que el informe cuenta con pruebas objetivas y testimoniales para ser usados por países u organizaciones internacionales de justicia que "respeten el debido proceso" y que investigar los derechos humanos en el país caribeño, tal como la Corte Penal Internacional.
"En los casos de personas que se oponen al gobierno (de Nicolás Maduro), el sistema de justicia no está funcionando como garante, como debería ser", concluyó la experta.
CDI CP
