“Los acontecimientos ocurridos en los últimos meses ponen en duda la legitimidad y harían muy difícil evaluar las próximas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua como libres, justas y transparentes”, manifestaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, mediante una declaración conjunta, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú.
“La escalada de violaciones de los derechos humanos a medida que se acercan las elecciones de noviembre es especialmente preocupante”, dice la declaración, también firmada por los miembros de la Unión Europea, y entre otros por Ucrania, Georgia, Reino Unido, Corea del Sur, Nueva Zelandia, Montenegro, Noruega, Macedonia, Australia, Islas Marshall, Suiza y Estados Unidos.
El documento, leído por Ecuador, expone su inquietud “por los informes sobre detenciones arbitrarias e intimidación generalizada contra opositores políticos, lideres estudiantiles y de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos”, y precisa que “el número de detenidos y las denuncias de intimidación siguen aumentando”.
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El texto agrega la preocupación por “leyes recientemente promulgadas que atentan contra la participación política, la libertad de los medios de comunicación, la libertad de expresión, de reunión y asociación pacífica, la separación de poderes y el sistema democrático en su conjunto”. En consecuencia, pide se liberen “inmediatamente a todos los detenidos políticos”, y que no sufran “represalias” o “actos de intimidación”.
Rubricado por 51 Estados en total, esta suerte de manifiesto busca alinearse con “la protección de los derechos humanos”, para hacer “rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos perpetradas desde abril de 2018”, a fin de reanudar “el dialogo con la comunidad internacional” y restablecer “la confianza y el respeto a la democracia en el país”.
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La intervención fue la acogida a un nuevo informe sobre Nicaragua, efectuado por la Alta Comisionada para los Derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien enumeró disponer de pruebas sobre 16 detenciones arbitrarias cometidas del 22 de junio al 6 de septiembre pasados, “incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y lideres campesinos y estudiantiles que se suman a otras 20 personas detenidas a partir del 28 de mayo”.
Bachelet añadió la cancelación arbitraria “la personalidad jurídica del partido Ciudadanos por la libertad”, y el “cese de la edición impresa del diario La Prensa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera”, la incautación de sus bienes y deteniendo a su gerente general. Consignó además las amenazas contra 12 “periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios”, cuya cantidad según fuentes de la sociedad civil, se extendería a “más de 30”.
En ese marco, México abogó se garantice “el pleno respeto de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones que tendrán lugar en noviembre”, y Argentina instó a que Nicaragua permita “el ingreso en su territorio de la Oficina de la Alta Comisionada a fin de que cumpla su mandato, que incluye la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos”.
