Sebastián Piñera aseguró ayer haber “entendido el mensaje” del estallido social que atraviesa Chile –y que tuvo su punto el sábado en Santiago con la marcha de más de un millón de personas– anunció que pidió a sus ministros poner sus cargos a disposición para formar un nuevo gabinete y ordenó a los militares levantar el toque de queda que regía en la capital.
“Estamos en una nueva realidad, Chile es distinto al que teníamos una semana atrás y por eso debemos atender a esa demanda social”, dijo el presidente desde el palacio de La Moneda, la sede del gobierno.
“Les he pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos”, agregó el presidente.
Uno de los ministros más cuestionados es el titular de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, responsable de la represión a las protestas y primo hermano de Piñera.
Marcha. El mandatario hizo este anuncio un día después de que el país viviese la que se califica como la mayor manifestación ciudadana desde el restablecimiento de la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet, en 1990, con más de un millón de personas marchando solo en la capital en reclamo de reformas sociales. “La marcha que todos vimos ayer fue una marcha multitudinaria, alegre y pacífica, y que abre grandes caminos de futuro y de esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje y todos hemos cambiado. Ahora tenemos que unir fuerzas para dar respuestas verdaderas, urgentes y responsables a esas demandas sociales de todos los chilenos”, dijo el presidente.
Piñera recordó que en respuesta a esas demandas ya esta semana anunció un paquete de medidas sociales “que recoge muchos de los planteamientos más sentidos y significativos” de los ciudadanos.
En un tono conciliador, recalcando que trabaja con el Congreso para concretar una agenda social y puso como ejemplo de lo que Chile vivió esta semana a la crisis de los “chalecos amarillos” en Francia, que dejó contra las cuerdas al establishment político de ese país. “Esta Agenda Social, que es amplia y es profunda, requiere un enorme y exigente esfuerzo del Estado para poder financiarla. Está en pleno desarrollo y por eso pido encarecidamente al Congreso Nacional que apruebe los proyectos que apuntan a satisfacer necesidades muy urgentes y muy sentidas de nuestra clase media y de los sectores más vulnerables”, manifestó Piñera.
El presidente recordó que hay propuesto una mejoría en las pensiones, un mayor ingreso de los trabajadores, precios estables de servicios como la electricidad y el agua, un abaratamiento del precio de los medicamentos y una reducción de las dietas de los parlamentarios y los sueldos más altos de la Administración Pública.
Violencia. Piñera sostuvo que durante la pasada semana se vivió una “brutal y destructiva violencia” ante lo que tuvo que aplicar “todos los instrumentos democráticos, legítimos y necesarios que dictan la Constitución y la ley para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana”. Por eso, explicó, estableció los estados de emergencia para que las Fuerzas Armadas se encarguen junto a los agentes policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones del resguardo del orden público, algo que ha sido muy criticado, más cuando comenzaron a interponerse denuncias por presuntos abusos de derechos humanos a cargo de fuerzas del Estado. El presidente anunció que desde la primera hora de hoy ya no rigen los estados de emergencia. “Hay que recuperar el camino de la normalización institucional”.
Las protestas –que se iniciaron con incidentes muy violentos hace nueve días en rechazo al aumento de la tarifa del metro y dejaron 19 muertos– se radicalizaron el viernes 18, con graves disturbios, incendios y saqueos.
Ayer, Santiago amaneció con grupos de vecinos y organizaciones sociales limpiando los escombros que dejaron las manifestaciones e incluso borraban los grafitis de la estatua de Plaza Italia, epicentro de la manifestación multitudinaria del sábado.
El Ejército admite haber matado a tres manifestantes
Las Fuerzas Armadas de Chile reconocieron que la intervención de sus soldados provocaron la muerte de tres civiles y heridas a otros siete durante las protestas que sacudieron al país en la última semana, en la que según cifras oficiales murieron 19 personas. El “registro de incidentes por uso de la fuerza con consecuencia de lesiones y/o fallecimientos” del Ejército recoge tres casos de muerte entre el 20 y el 23 de octubre, según el documento obtenido por el diario La Tercera, que relata cada uno de los episodios. Según este informe, entre los soldados involucrados en fallecimientos están un recluta y dos suboficiales del Ejército. En el caso del deceso de Romario Veloz, un ciudadano ecuatoriano que murió tras recibir el impacto de un disparo en La Serena, en el norte del país, se investiga a un recluta que cumplía su servicio militar en el Regimiento Nº 21 Coquimbo. Por la muerte de José Uribe, ocurrido en la Ruta 5 de Curicó, una ciudad en la que no se declaró el toque de queda, el presunto autor es un cabo segundo del Regimiento Logístico del Ejército N°1 Bellavista, de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Por último, de la muerte de Kevin Gómez Morgado, en Coquimbo, se responsabiliza a un sargento segundo del Regimiento Nº 21 de esa ciudad. Estos tres casos están siendo investigados por un oficial de Justicia del Ejército. Hasta la fecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado cinco querellas por fallecidos presuntamente a manos de agentes del Estado durante las protestas. A los casos de Veloz, Uribe, y Gómez, se suman las de Alex Núñez, golpeado por Carabineros en la cabeza y el cráneo, y la de Manuel Rebolledo, arrollado por un vehículo militar.
