Desde Beijing
Luego de meses de hacer de cuenta que no existieran, el gobierno de China lanzó esta semana una campaña para blanquear los campos de internamiento forzado de musulmanes en la región de Xinjiang. Aunque las autoridades dicen que son centros de “reeducación” para supuestos sospechosos de extremismo religioso, organizaciones internacionales de derechos humanos denuncian que allí se cometen abusos contra cientos de miles de miembros de la minoría uigur.
El terreno comenzó a prepararse hace diez días, cuando el gobierno de la región autónoma de Xinjiang, al noroeste del país, introdujo ciertos cambios legales que por primera vez autorizaron explícitamente la existencia de su programa de “desradicalización”.
El giro comunicacional se consumó unos días después, cuando el jefe de Gobierno de Xinjiang, Shohrat Sakir, él mismo uigur, brindó una inusual y detallada entrevista a la agencia oficial de noticias Xinhua para dar su versión. El funcionario dijo que se trata de un “programa de transformación a través de la educación y capacitación vocacional” cuyo objetivo es rescatar a los supuestos sospechosos “de los ambientes en los que se engendran el terrorismo y el extremismo religioso”.
Según la versión oficial, los internos reciben cursos en idioma chino y lecciones de educación cívica; y reciben talleres de confección de ropa, comercio electrónico, peluquería y otros oficios. Zakir aseguró además que los “estudiantes” tienen comida gratis, dormitorios con aire acondicionado y actividades recreativas como cine, básquet y canto. Aunque no dijo cuántos internos hay en los campos, el funcionario asumió que allí hay personas sospechosas de delitos que no cumplían con los requisitos para condena penal y que fueron internados de manera forzada.
La versión oficial se contradice con testimonios de ex internos que escaparon al exilio y que han denunciado en medios extranjeros que los centros funcionan como espacios de adoctrinamiento y “lavado de cerebro”, en los que se obliga a los supuestos sospechosos a cantar canciones patrióticas o memorizar leyes chinas.
Más allá de la existencia o no de abusos en los campos, lo que se cuestiona del “programa” es la asociación establecida por las autoridades entre musulmanes y potenciales terroristas. Más cuando se presume que en los centros no hay unos pocos uigures “peligrosos”, sino cientos de miles de ellos.
La crítica internacional, incluida la ONU, llevó a China a lanzar la campaña de blanqueo. Apenas después de las declaraciones de Zakir, el canal estatal emitió esta semana, en horario prime time, un informe sobre los campos donde se los describía como lugares cálidos y felices.
Las imágenes mostraron, entre otras cosas, a estudiantes uigures aprendiendo una lección de chino bajo el título “Soy un ciudadano respetuoso de la ley”.
En simultáneo, la diplomacia china intenta llevar su versión más allá de las fronteras. Esta semana, por ejemplo, se organizó una reunión en la embajada en Pakistán, de mayoría musulmana, para explicar a asociaciones de chinos uigures en ese país lo que está ocurriendo en Xinjiang. Eso sí: por ahora, ninguna figura del gobierno central chino salió a hablar de la cuestión.
