El gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha un diálogo con los sectores sociales y políticos que están detrás de las protestas que sacuden al país desde hace diez días, en un esfuerzo por poner fin a la violencia y a las consecuencias de los bloqueos de varias rutas que realizan manifestantes, y que ya están provocando el desabastecimiento de medicamentos y oxígeno en un país en el que la pandemia sigue golpeando con fuerza.
La primera reunión de Duque fue con la llamada Coalición de la Esperanza, una fuerza política de centroizquierda liderada por el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien advirtió que su presencia en el diálogo “no aminora ni suaviza su protesta”, al tiempo que condenó de “manera vigorosa los excesos de la fuerza pública”.
Según la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de las protestas, el 28 de abril, han muerto al menos 26 personas, y había hasta ayer noventa desaparecidos. ONGs de derechos humanos elevan la cifra de muertes a 37 y registraron 1.708 denuncias contra abuso de fuerza de la policía.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”, y pidió un cese de los bloqueos.
“Condenaremos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”, tuitéo el diplomático uruguayo.
Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, rechazó las acusaciones y denunció “una campaña de estigmatización de las operaciones de la fuerza pública que la mueven en redes sociales con el fin de ponerla en contra de la sociedad”.
Según el diario El Tiempo, Duque dijo a los dirigentes de la Coalición por la Esperanza que los casos en que hubo excesos de la Fuerza Pública se deben investigar y sancionar.
“El presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica”, afirmó la Coalición en un comunicado tras el encuentro con Duque y la plana mayor de su gobierno.
Llamado. En su llamado al diálogo, el jueves por la noche, el gobierno convocó a “quienes marchan” y “quienes no marchan. Hay que escuchar a todos los sectores del país, pero también el país tiene que escuchar al gobierno”, dijo el consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador del gobierno con los manifestantes.
El también Alto Comisionado para la Paz invitó a los miembros del Comité del Paro a reunirse directamente “con el presidente y la vicepresidenta”, Marta Ramírez, y precisó que “la voluntad del gobierno fue invitar primero a quienes organizan el Comité Nacional del Paro, pero entendiendo que estas movilizaciones no se agotan en ese grupo”, dijo Ceballos.
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Sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas y artistas, que conforman el comité, acogieron la oferta con condiciones.
En un video enviado a los medios, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, anunció que aceptarán dialogar solo después “de la desmilitarización de campos y ciudades donde han masacrado a los jóvenes protestando pacíficamente”. Mientras tanto “continuaremos el paro nacional”, advirtió el sindicalista.
Con la popularidad en caída (33%), Duque enfrenta masivas movilizaciones, esta vez atizadas por la crisis económica que provocó la emergencia sanitaria. El malestar sacude a uno de los países más desiguales del continente, con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población.
Pese a que el disparador de la protesta fue una propuesta de reforma fiscal rápidamente retirada por el gobierno, los líderes del paro nacional se sentarán a la mesa con reclamos variopintos: mejorar las condiciones de empleo, el sistema de pensiones, la seguridad, la salud, el cese de asesinatos de defensores de derechos humanos y la celeridad en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla FARC.
Ayer, por ejemplo, indígenas de la etnia Misak, que participan del paro nacional, derribaron en Bogotá la estatua del conquistador español Gonzalo Jiménez de Quezada, fundador de la ciudad.
Observadores advierten que estas protestas son una continuación de las que estallaron en 2019, y que también fueron violentamente reprimidas, en particular por su temible Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía.
La Inspección General de la Policía abrió casi medio centenar de investigaciones internas por uso de la fuerza por parte de uniformados. Entre las denuncias, reveló la procuradora Margarita Cabello, hay incluso acusaciones contra agentes de abuso sexual.
En Colombia los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados ante la Justicia Penal Militar, aunque la Fiscalía puede pedir competencia ante los otribunales.
La jurisdicción militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.
