Colombia ha elegido el camino de la verdad, sacrificando en parte el de la Justicia, para tratar de cerrar las heridas que provocaron décadas de violencia guerrillera y de represión ilegal de las fuerzas armadas, que tuvo uno de los episodios más oscuros en el caso de los llamados “falsos positivos”, jóvenes campesinos, pobres, que eran ejecutados y presentados como guerrilleros.
Por primera vez en la historia del país, ex militares han reconocido su participación en las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes, que fueron presentadas como muertes en combate durante el conflicto armado de Colombia, en particular entre 2002 y 2008. Las históricas admisiones se produjeron semanas atrás, durante los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde familiares de las víctimas y ex militares participaron en la primera audiencia de reconocimiento de esa justicia especial. Los procedimientos de finales de abril se centraron en la región del Catatumbo, en el estado Norte de Santander. Los agentes estatales, entre ellos cinco oficiales, cuatro coroneles, un general y un civil, admitieron haber intervenido en unas 120 ejecuciones extrajudiciales en la región.
Néstor Guillermo Gutiérrez, cabo primero del ejército durante la época de los hechos, fue el primero en admitir su participación en los “falsos positivos”, el término utilizado para describir a aquellas víctimas clasificadas como terroristas aun sabiendo que no lo eran, y luego ejecutadas por las fuerzas armadas colombianas bajo la apariencia de muertes en combate. Describió las formas escalofriantes en que él y sus compañeros soldados engañaban a los jóvenes, prometiéndoles trabajos en fincas, solo para asesinarlos más tarde.
Y el asalto final a las víctimas y sus familias: los soldados afirmaron que habían matado guerrilleros. “Yo ejecuté, asesiné a los familiares de los que están acá. Llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente, cobardemente y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia”, dijo Gutiérrez. “Manchamos la región del Catatumbo, manchamos el trabajo de los campesinos por resultados, por una presión”.
Acuerdos. Los acuerdos de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el entonces presidente Juan Manuel Santos crearon la Justicia Especial de Paz, la JEP. Bajo su mandato de 15 años, es un sistema de tribunales extrajudiciales que juzga a ex rebeldes, principalmente miembros de las FARC, y otros que cometieron delitos durante más de cincuenta años de conflicto. Quizás la mayor diferencia entre la JEP y un sistema judicial tradicional es su directiva de brindar justicia restaurativa en lugar de punitiva. “La diferencia para nosotros es que la JEP está privilegiando o está dando prevalencia directamente a la verdad y sacrificando justicia en cierta forma”, dice a PERFIL Francisco Henao Bohórquez, abogado litigante y subdirector de la Corporación Jurídica Yira Castro.
El tribunal se centra principalmente en las ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008, tiempo durante el cual la JEP dice que hubo al menos 6.402 víctimas que caen bajo el caso 003, que es el número asignado a los “falsos positivos”. Aun así, Henao Bohórquez dijo que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales se remontan al menos a 1976. “Es un fenómeno que no solamente se debe a este periodo específico, sino que tiene que ir mucho más atrás, teniendo en cuenta que ha sido una práctica reiterada, sistemática y nefasta por parte de la Fuerza Pública”, advierte el abogado. En un informe de 2015 emitido por Human Rights Watch, los casos fueron descriptos como “uno de los episodios más terribles de atrocidades masivas que han ocurrido en el hemisferio occidental en las últimas décadas”. Ha habido al menos 800 soldados de bajo rango que fueron condenados por ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Rubén Darío Castro Gómez, teniente coronel, estuvo entre los diez militares que declararon en el proceso de Catatumbo. Gómez dijo que los soldados fueron incentivados para reportar un alto número de muertes en combate, lo que llevó a muchos a ejecutar a personas inocentes además de supuestos guerrilleros. Según la Directiva 029, documento emitido por el Ministerio de Defensa en 2005, los soldados tenían derecho a una serie de recompensas en dinero por cada captura o muerte que ejecutaran en combate.
El documento resumía diferentes montos según quién fuera capturado o asesinado. “Vengo a reconocer que siendo jefe del Estado Mayor de la Brigada móvil, existió una banda criminal al interior de la brigada de la cual tuve conocimiento, la cual no denuncié, ni investigué, la cual fue creada con el único fin de incrementar los resultados operacionales”, dijo Gómez ante familiares de sus víctimas.
