Agencias
Con un sugestivo timming, el vicepresidente brasileño, Michel Temer, defendió ayer la necesidad de que se aplique el Estado de Derecho para garantizar la “estabilidad institucional” de Brasil, mientras la Cámara de Diputados debate la posibilidad de iniciar un juicio político de destitución a Dilma Rousseff.
“El derecho es el fenómeno estabilizador de la propia sociedad y ésta no debe asustarse por eventuales conflictos que se verifiquen a lo largo del tiempo”, dijo Temer que, de sufrir Dilma un impeachment, asumiría la presidencia.
El vice, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dictó una conferencia en la sede del Instituto Brasileño de Derecho Público (IDP) de San Pablo.
Brasil vive “una estabilidad institucional extraordinaria” por el buen funcionamiento de la Justicia. “Cuando las instituciones funcionan pautadas por el orden jurídico, por más crisis económica o política que pueda haber, no hay crisis institucional”, opinó.
¿Aliado? Pese a que el PMDB es el principal aliado del Partido de los Trabajadores de Dilma, el rival más encarnizado de la presidenta, Eduardo Cunha, titular de la Cámara de Diputados, pertenece a esa fuerza. El propio Temer, que hasta ahora ha apoyado a Rousseff, envió esta semana una carta a la mandataria con una serie de reproches.
En la misiva, el vicepresidente se queja de que Dilma “nunca” tuvo confianza ni en él ni en el PMDB y que, durante los cuatro primeros años de mandato, fue tratado como un mero objeto “decorativo”.
Tras el incidente, Rousseff y Temer se reunieron a puertas cerradas y según una nota oficial, acordaron mantener “una relación provechosa, tanto personal como institucionalmente”.
El trámite para el inicio del juicio político contra la presidenta empezó este martes en la Cámara baja pero fue paralizado por el Tribunal Supremo hasta el miércoles, cuando deliberará sobre algunos procedimientos cuestionados por el oficialismo.
El pedido de impeachment se sustenta en irregularidades en los balances del gobierno registrados en 2014 y 2015, según el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado.
Un diputado pidió esta semana que Temer sea incluido en la acusación, pero el vice sostuvo que no fija la política fiscal del país.