Mientras Argentina se divine entre quienes consideran que Milagro Sala, Julio De vido o Amado Boudou son “presos políticos”, y quienes dicen que son simples corruptos presos, Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países latinoamericanos con más presos por haber desafiado a gobiernos represivos al reclamar por sus derechos.
La ONG venezolana Foro Penal denunció en su último informe que el país gobernado por Nicolás Maduro empezó el año 2020 con la cifra récord de 388 presos políticos, de los cuales 370 son hombres y 18 mujeres. El director de la organización, Alfredo Romero, alertó que 270 de los detenidos por "razones políticas" son civiles y otros 118 militares.
Detenciones arbitrarias, sin órdenes judiciales, ni en situación de flagrancia; uso de tipos penales ambiguos y de interpretación discrecional; procesamiento de civiles ante tribunales militares; y desconocimiento de órdenes de liberación, son los patrones que identifica Amnistía Internacional, que recibió denuncias de condiciones de reclusión inhumanas en cárceles y lugares ilegales de reclusión, falta de acceso a agua, alimentos o luz solar, además de incomunicación y suspensión de visitas.
Venezuela cierra 2019 con más de 5.000 personas asesinadas por fuerzas militares chavistas
El país con más presos del mundo
Más de 90.000 personas están encarceladas en Cuba, según los datos oficiales proporcionados a Civil Rights Defenders y Prisoners Defenders por "dos fuentes del más alto nivel del Estado" cubano, una cifra que sitúa a la isla caribeña como el país con más personas encarceladas del mundo, en proporción con su población, de acuerdo con el ranking del Institute for Crime and Justice Policy Research.
El gobierno cubano reconoce oficialmente más de 90.000 presos, a los que hay que sumar las 37.458 personas en "otras situaciones de control judicial y policial", lo que arroja un total de 127.458 "entre convictos y condenados".
"Cuba sería en realidad el primer país por personas privadas de libertad del mundo, si el ranking del Institute for Crime and Justice Policy Research, en vez de contemplar un dato falso suministrado por Granma [diario estatal] de forma informal en 2012, tuviera en cuenta el dato real", señalaron ambas ONG.
Anualmente, se iniciarían más de 32.000 causas penales en Cuba, con entre 35.000 y 40.000 acusados, de los cuales más del 90 por ciento son declarados culpables, es decir, entre 32.000 y 37.000. Y, entre los culpables, el 69 por ciento es condenado a privación de libertad, ya sea prisión o "trabajo correccional", esto es, entre 22.000 y 25.000.
Las ONG llamaron la atención sobre los llamados "antisociales", "presos que no han cometido delito pero que se les declara en estado de peligrosidad -con posibilidad de cometerlo- porque se les observa un 'comportamiento contrario a la moral socialista'".
De acuerdo con dichas fuentes, hay 8.400 presos "antisociales" en estos momentos. Cada año se tratan 3.833 casos de este tipo con un nivel de condenas superior al 99,5 por ciento, de los cuales casi el 77 por ciento son internados: 2.929 con privación de libertad y 885 con medidas alternativas como trabajos comunitarios.
Los opositores cubanos, juzgados como “antisociales”
"Los presos por conducta antisocial sufren menores excarcelaciones anticipadas que el resto", denunciaron las organizaciones, explicando que "el propio Código Penal impide que los familiares o el propio asegurado soliciten la anticipación de su libertad, al contrario que en el resto de los casos". “Existe una voluntad política explícita de excarcelar crecientemente a reclusos, debido a la superpoblación carcelaria y los costes que esto conlleva, ya desde antes de 2017", dicen los informes.
De esta manera, unos "21.600 reclusos comunes obtienen al año beneficios de excarcelación anticipada en Cuba", de los cuales entre 2.000 y 3.000 salen de prisión vía indulto presidencial". Sin embargo, aclaran que "nunca son presos políticos" los que gozan de este beneficio.
El jurista cubano Edel González, exiliado en Perú, reclamó recientemente al Tribunal Supremo de su país un "acto honorable" hacia los 126 presos políticos que documentaron las organizaciones Civil Rights Defenders y Prisoners Defenders, de modo que se revisen sus casos para comprobar si fueron condenados por delitos comunes y en procesos justos.
Por su parte, Human Rights Watch dijo que el gobierno cubano "continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública" mediante "tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos".
El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas, dijo la organización, que agregó en un informe que "a menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos".
Nicaragua: opositores acusados de terrorismo
Nicaragua es considerado el país con mayor número de presos políticos de América Latina: de acuerdo a organizaciones como Unidad Nacional Azul y Blanco, el Comité Pro Libertad de Presos Políticos y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, actualmente habría alrededor más de 600 reclusos por motivos políticos.
Entre tanto, Amnistía Internacional documentó en su último informe la detención arbitraria de personas "por el simple hecho de participar en manifestaciones o criticar públicamente al gobierno”. Asimismo, el organismo señala que "no se encontraban en la comisión flagrante de ningún delito establecido en la ley, ni existía, al momento de su arresto, una orden de aprehensión en su contra”.
Los arrestos son arbitrarios y no hay claridad acerca de los cargos, que incluyen "participar en actividades instigadoras, no tener autorización para realizar una manifestación y alterar la paz", en circunstancias en las que, en realidad, el derecho de reunión está garantizado por la Constitución nicaragüense.
La investigadora Tamara Taraciuk, experta de Human Rights Watch, dijo que "en muchos casos documentamos violaciones al debido proceso, no hay acceso a abogados hasta el momento de la audiencia, los juicios son cerrados cuando legalmente deberían ser públicos y los acusan de delitos relacionados con el terrorismo, que hoy tiene una definición muy vaga en el código penal nicaragüense”.
