Dias Toffoli, el juez que exoneró a Lula da Silva y abrió el debate sobre el lawfare en Brasil
El miembro de la Corte Suprema brasileña anuló las pruebas contra el presidente de Brasil y habilitó un escenario político-judicial incierto. El impacto de la medida.
La decisión de un juez de la Corte Suprema de Brasil de anular la evidencia contra Lula da Silvaobtenida por la Operación Lava Jato, la megacausa de corrupción internacional iniciada en 2014, sacudió a la sociedad brasileña. También reabrió el debate sobre la desconfianza hacia las instituciones y el lawfare, la "guerra judicial" para proscribir líderes políticos de la que Lula afirma ser víctima.
Alegando motivos procesales, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Jose Antonio Dias Toffoli tildó de "ilegales y heterodoxas" las pruebas con las que el exjuez federal, Sergio Moro, condenó por corrupción al líder del Partido de los Trabajadores (PT). Un hecho que, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos por la validez del proceso, enardeció a la población y provocó un cismo político en la previa a las elecciones presidenciales de 2018.
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Consciente del alto impacto político de la medida, el cortesano, que osciló a favor y en contra del proceso contra Lula da Silva en los últimos años, dictaminó que se trató de “uno de los mayores errores judiciales en la historia de Brasil”. También afirmó que detrás de su inhabilitación para ejercer cargos públicos y su veloz encarcelamiento (un récord para los tiempos de la justicia brasileña) hubo “un proyecto de poder de ciertos agentes públicos” para llegar al poder por “medios legales”.
Con esta declaración incendiaria, Dias Toffoli terminó de exonerar en primera instancia a Lula, de 77 años, del proceso que manchó su carrera pero no le impidió su resurrección política cuando asumió su tercera presidencia el 1 de enero de 2023, en medio de un contexto de máxima tensión. Pero también dejó en evidencia el giro en la posturadel juez supremo y los entramados político-judiciales del gigante latinoamericano.
En 2021 la Corte Suprema brasileña anuló todas las causas contra el presidente Lula da Silva, quien recuperó sus derechos políticos.
El giro discursivo de Dias Toffoli
Dias Toffoli tuvo un vínculo estrecho con el presidente Lula da Silva desde que fue apoderado del PT en las primeras tres campañas presidenciales (entre 1998 y 2006). Sin embargo, luego de que Lula lo nombrara miembro de la Corte Suprema en 2009, se distanció.
En medio del escándalo del Lava Jato, el juez supremo apoyó su encarcelamiento (pese a haber sido un crítico de los mecanismos de Moro y los fiscales), le negó la posibilidad de comunicarse telefónicamente desde prisión y salir transitoriamente para asistir a los funerales de sus familiares, algo que no era común con otros presos. Y hasta se acercó a Jair Bolsonaro, el flamante presidente que hábilmente había capitalizado el enojo social a pesar de que su partido también estuviera salpicado por hechos de corrupción.
Tras la anulación de la causa en contra de Lula da Silva en 2021 por parte de la Corte Suprema y el regreso de Lula a la escena política, Dias Toffoli olfateó lo que se venía y cambió su postura de manera radical. "Luego de las últimas presidenciales de octubre 2022, Toffoli perdió terreno. Y dispuesto a cerrar la brecha que lo apartaba de Lula, decidió anular el 6 de septiembre último las declaraciones de Marcelo Odebrecht, en su delación premiada", opinó Eleonora Gosman, corresponsal en Brasil quien sigue de cerca el proceso contra el mandatario brasileño. "Fue un pedido de perdón", añadió.
La investigación conocida como Lava Jato sacó a la luz sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina, incluida Argentina, para hacerse de contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.
La causa estuvo impulsada por el exjuez federal y ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, quien renunció a su cargo de magistrado luego de que un hacker revelara mensajes donde constaba una conspiración con fiscales para armar una causa contra Lula da Silva que permitiera encarcelarlo. A lo que sumó que, tras la liberación del entonces exmandatario, la Corte Suprema lo declarara "parcial".
Un año después, el juez supremo Dias Toffoli consideró que las pruebas provenientes de confesiones de ejecutivos realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración firmado en 2017 por Odebrecht, conocido como "delaciones premiadas" (en Argentina algo similar a la figura del arrepentido), son "inutilizables" no solo en el caso del presidente Lula sino por "cualquier jurisdicción".
El juez José Antonio Dias Toffoli tiene un vínculo de larga data con Lula da Silva.
Dias Toffoli, en tanto, no desestimó los testimonios sino las "irregularidades" en la manera en que se obtuvieron. "Juzgó que las pruebas recogidas de esa delación se habían obtenido por medio de “tortura” psicológica y admitió que la prisión de Lula, en abril de 2021, habían constituido 'un grave error'. Así se cerró el último capítulo del juicio conocido como Lava Jato", cerró Gosman.
El escenario que abrió el magistrado arrojó un interrogante: qué pasará con las otras causas que dependen de estas pruebas basadas en las declaraciones de 77 ejecutivos de los gigantes de la construcción que declararon para reducir sus condenas, que en algunos casos fueron juzgados por tribunales de Estados Unidos y Suiza.
Esto incluye el pago de 2.600 millones de dólares de multa por parte de Odebrecht, según información oficial del gobierno norteamericano. Odebrecht fue acusada por la fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.
"Lo que todo el mundo en Brasil se pregunta es si habrá un efecto domino de que se caiga todo el proceso, incluyendo a otras empresas. Esto termina impactando en todo, en los partidos políticos que recibieron plata. Es un movimiento sísmico porque pone en duda todo el proceso", opinó un consultor experto en política brasileña ante una consulta de este medio. "Más allá de si se trata de una decisión política o no, el impacto es en la seguridad jurídica de Brasil. No queda claro qué quiere la justicia", agregó.
Dias Toffoli, en tanto, terminó cediendo ante el pedido de nulidad de la causa planteado por la defensa de Lula da Silva, que alegó que se trató de una causa armada (lawfare) para sacar de la competencia electoral al político más influyente de la historia sudamericana contemporánea. Por su lado, éste no se quedó quieto: nueve meses después de haber asumido la presidencia, nombró -con aprobación del Senado mediante- a Cristiano Zanin como nuevo miembro de la Corte, su abogado defensor en el Lava Jato.
Así quedó en evidencia una vez más el nudo institucional en Brasil y los vínculos turbios entre los grupos de poder, la política y la justicia que pierden crédito frente a una sociedad marcada a fuego por los escándalos de corrupción.
