Las protestas se multiplicaron ayer en Francia contra la reforma de las pensiones impuesta por decreto por el presidente liberal Emmanuel Macron, en un clima de creciente tensión política y social.
Las autoridades prohibieron las concentraciones en la plaza de la Concordia de París, situada frente al Parlamento, tras dos noches de manifestaciones que dieron lugar a incidentes con centenas de detenciones.
A la espera de la nueva jornada de protestas masivas convocada por los sindicatos el próximo jueves, los paros sectoriales ralentizan la actividad de la segunda economía de la Unión Europea (UE) y toneladas de basura se amontonan en sus principales ciudades.
La decisión de Macron de aprobar la reforma recurriendo a una disposición constitucional que le permite saltarse el voto legislativo dio nuevo fuelle a la indignación popular, que venía mermando en los últimos días.
La medida, motivada por la incertidumbre sobre el resultado del voto, sumó una crisis política a la social que confrontan al mandatario a uno de sus mayores desafíos, a menos de un año de haber iniciado su segundo mandato, de cinco años.
Diputados de fuerzas opositoras presentaron dos mociones de censura, que se discutirán a partir del lunes. La aprobación de cualquiera de ellas (algo en principio poco probable) anularía el decreto presidencial y obligaría a la primera ministra Elisabeth Borne a presentar su renuncia.
La reforma que incendió al país pretende retrasar la edad de la jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como ahora) para cobrar una pensión completa.
Las autoridades prohibieron las concentraciones en la Plaza de la Concorde, separada de la Asamblea Nacional (Cámara de Diputados) por el río Sena, después de dos noches de enfrentamientos entre manifestantes que arrojaron botellas y bengalas contra las fuerzas de seguridad, que replicaron con gases lacrimógenos.
La prohibición de manifestarse en ese punto neurálgico de París, también cercano al palacio presidencial del Elíseo, se adoptó “debido a los graves riesgos de alteración del orden y de la seguridad pública”, explicó un comunicado policial.
Pero la agitación tiene innumerables focos y no da señales de amainar.
La mayor refinería de petróleo de Francia, situada en Normandía (noreste), empezó a paralizar sus instalaciones el viernes por la noche y otras podrían imitarla a partir del lunes, indicaron fuentes sindicales.
El ministro de Industria Roland lescure, indicó que el gobierno podría ordenar requisas de personal para evitar falta de carburante.
También se ordenó requisas de recolectores de basura de París para empezar a despejar unas 10 mil toneladas de residuos que se acumulan en las calles de la capitalpor una huelga del sector.
Ayer, además se convocaron marchas en París, Marsella, Brest, Toulon y Montpellier, entre otras ciudades importantes.
“Negación de la democracia”. La decisión de imponer la reforma de las jubilaciones mediante el artículo 49.3 de la Constitución, obviando el voto parlamentario, dio nuevo impulso a las protestas y huelgas que se escalonaban desde hacía semanas.
“¿Qué les responderé a los jóvenes que me dicen que votar no sirve para nada? Yo elegí a un diputado, que no puede votar. Estamos en plena negación de la democracia”, afirma Nathalie, una mujer de unos 30 años, que se negó a dar su apellido, en una protesta de unas trescientas personas en Besançon.
Una de las mociones de censura contra el gobierno fue presentada por el grupo parlamentario independiente LIOT y otra por el partido ultraderechista Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, derrotada por Macron en la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales.
La presentada por LIOT puede recabar el máximo de apoyos, pero se quedaría a unos treinta votos de los 287 necesarios (la mitad más uno de los 577 escaños) para hacer caer el gobierno y la reforma.
El frente de izquierdas Nupes y el partido de Le Pen anunciaron que apoyarían la moción de LIOT. Los votos faltantes deberían provenir del partido opositor de derecha Los Republicanos, que negoció con el oficialismo la reforma de las jubilaciones, aunque con la disidencia de unos veinte legisladores.
