El cordobés Victor Saldaño ingresó a lo que se conoce como death row o “corredor de la muerte” de la Unidad Allan Polunsky, en Texas, un sitio de tortura para condenados que esperan la inyección letal, hace más de 20 años. El último 10 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio la razón a los numerosos pedidos de los abogados de Saldaño, y "recomendó" a Estados Unidos conmutarle la pena, sacarlo del corredor de la muerte y proveerle debida atención de salud mental.
“Es un informe de 50 páginas, jurídicamente muy sólido y políticamente muy valiente”, señala a Perfil el abogado Juan Carlos Vega, que desde 2008 a 2012 se desempeñó como presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, parecería que el Departamento de Estado no está dispuesto a acatar la decisión del organismo internacional.
Vega asistió a una audiencia ante la CIDH en Washington el viernes pasado, durante la cual también estuvieron presentes representantes del gobierno estadounidense. “Las preguntas que le hice al Departamento de Estado fueron concisas y claras: '¿Van a cumplir o no van a cumplir con el informe de fondo de la CIDH? ¿De qué manera van a cumplirlo? ¿Va a conmutar la pena de muerte? ¿Cómo van a reparar los daños causados a la psiquis de Saldaño por 21 años en el corredor de la muerte?'”, señaló el abogado en diálogo telefónico con este portal. “Este no es un problema de inocencia o de culpabilidad de Saldaño, es un problema de si Estados Unidos va a cumplir o no con el orden jurídico internacional”, agregó.
Según relata Vega, el Departamento de Estado “asistió con una importante comisión: dos representantes jurídicos y uno político”. “A su turno, cuando debían responder a mis preguntas, me miraron con cara de póker y no me dijeron nada nuevo. Existe una fuerte decisión de su parte de no ceder ante la Comisión. Insisten en los argumentos que ya desestimó la CIDH: que existen vías en el derecho interno americano que pueden corregir los vicios que se generaron cuando se dictó la primera condena de muerte en base a raza y nacionalidad”, sostuvo.
"El problema ahora lo tiene la Comisión Interamericana, que deberá decidir qué va a ser con Estados Unidos, el Estado más poderoso del mundo", continuó el letrado
El documento de la CIDH califica al tratamiento penitenciario que Texas le dio a Saldaño como “cruel e infame”. Luego enumera todas las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que forma parte de la Carta de la OEA. El texto solicita a Estados Unidos revisar el juicio y la sentencia, acorde con el derecho a la igualdad ante la ley y las garantías de un debido proceso. Según explicó Vega, sobre los informes de fondo de la CIDH no hay instancias recursivas, con lo cual sólo resta esperar que el gobierno estadounidense la cumpla.
Por otro lado, el Estado de Texas está en condiciones de fijar una fecha de ejecución para Saldaño. “Desde junio del 2016, fecha en que un juez rechazó un hábeas corpus federal, el último recurso en el derecho interno, el Estado de Texas puede fijar fecha para aplicar la inyección letal. Si esto sucede, estaremos frente a un escándalo internacional político y jurídico”, remarca el letrado.
Hace más de 20 años que Saldaño pasa sus días en un habitáculo de tres por 2,8 metros, donde entra apenas una tenue luz. Sólo sale de allí para ducharse o para ir a una sala de recreación, también cerrada. Son celdas de aspecto gélido y cerrado, en las que predominan el blanco, la higiene y la pulcritud. El contacto con los guardias es escaso: sólo en aquellos momentos en que se le colocan esposas para que salga de la celda. La comida se la pasan en bandejas, a través de un pequeña buzón que hay en la puerta.
El cordobés fue condenado a pena de muerte en 1996, acusado de raptar y matar a un ciudadano de Texas, junto con un cómplice mexicano. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró nula esa primera sentencia por motivos de discriminación racial, y posteriormente un tribunal de Texas compuesto por un jurado popular volvió a condenarlo. Desde 1998, su madre y el abogado Vega se encuentran en batalla legal contra Estados Unidos.
