Venezuela aprobó el jueves una histórica ley de amnistía general que se espera que conduzca a la liberación masiva de presos políticos bajo el chavismo, aunque expertos advierten que su alcance es dudoso y excluye a numerosos detenidos.
La ley es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que la impulsó al asumir el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.
“Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, dijo Rodríguez tras promulgar la norma en el palacio presidencial de Miraflores.
Poco antes, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. “Ha sido un acto de grandeza”, calificó la mandataria interina. “Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, auguró.
Rodríguez expresó su deseo de que el instrumento “sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo; que sirva para reencauzar la justicia y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas”.
La ley “debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”, dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, en un comunicado.
La Fuerza Armada es el sostén de la llamada Revolución Bolivariana. Jura “lealtad y subordinación” a Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió funciones de manera temporal tras su derrocamiento. “Ha sido un acto de grandeza”, calificó la mandataria interina tras promulgar la ley el jueves por la noche. “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, apuntó.
Pasos lentos. Una vez que entre en vigor la norma, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares “darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos” referidos. Del mismo modo, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.
Se estipula que igualmente el Ejecutivo Nacional será el responsable de desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa legal. Como primera medida, se nombró una comisión especial conformada por 23 parlamentarios pertenecientes a todas las fracciones políticas, quienes se encargarán de hacerle seguimiento a la puesta en obra de la amnistía.
Dudas sobre el alcance de la ley. “La amnistía no es automática”, precisó el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en rueda de prensa. Criticó el proceso de solicitud de amnistía ante tribunales, un debatido punto del proyecto de ley que generó discordia en el Parlamento. El proyecto pasó por una consulta pública que incluyó a juristas y familiares de presos políticos, así como negociaciones con la pequeña bancada opositora en la Asamblea Nacional.
“El balance de la ley es negativo” porque deja a muchos por fuera, dijo Ali Daniels, director de la oenegé Acceso a la Justicia. Denunció “graves deficiencias estructurales” en la norma.
El artículo 9 de la norma excluye a “personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
La dirigente María Corina Machado, al igual que otros opositores, está inhabilitada y señalada en distintas oportunidades de llamar a derrocar al gobierno.
