A sólo siete semanas del sorpresivo operativo relámpago de Estados Unidos que culminó con los secuestros de Nicolás Maduro y de su esposa, Venezuela se encuentra inmersa en una realidad híbrida con un futuro incierto.
El país vive una transición tutelada por Washington, pero administrada en la práctica por figuras del chavismo que sobrevivieron a la caída del líder.
La presidencia transitoria de Delcy Rodríguez adoptó un esquema de convivencia pragmática con el gobierno de Donald Trump. La prioridad absoluta ha sido la reactivación petrolera. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, visitó recientemente los campos de la petrolera Chevron en el Zulia, proyectando un aumento del 40% en la producción. La firma espera triplicar su actividad en la Faja del Orinoco hasta los 300 mil barriles por día.
A cambio de estabilidad y suministro de crudo, Washington flexibilizó las sanciones, permitiendo que barcos cargados con 50 millones de barriles naveguen ya hacia refinerías en el Golfo de México.
El regreso de la inversión estadounidense logró frenar la devaluación extrema, pero la brecha de desigualdad sigue siendo abismal. La conflictividad social no desapareció; en enero pasado las protestas aumentaron un 53%, ya no solo por política, sino por el colapso de los servicios básicos que décadas de crisis dejaron como herencia.
La economía venezolana entró en una fase que los analistas denominan “estabilización forzada”. Tras la captura de Maduro, el país pasó de ser un paria financiero a convertirse en la pieza clave del tablero energético de la administración Trump.
El cambio más drástico ha sido la velocidad con la que el crudo venezolano volvió a las refinerías de la Costa del Golfo de EE. UU. La semana pasada, el Tesoro de EE. UU. otorgó licencias ampliadas a las poderosas petrolerasChevron, Shell, Repsol, Eni y BP.
El gobierno de transición comenzó a desmantelar la estructura de la estatal PDVSA tal como se conocía. Se están adjudicando nuevos bloques de exploración directamente a consorcios extranjeros, reduciendo la participación estatal para “despolitizar” la industria.”Venezuela ya no es un socio ideológico, es un proveedor logístico”, señalan fuentes desde Houston.
A pesar del retorno de las petroleras, las cifras macroeconómicas siguen siendo alarmantes, Mientras el sector petrolero celebra ingresos que podrían superar los 10 mil millones de dólares anuales, el FMI lanzó una advertencia devastadora: Venezuela cerrará 2026 con una inflación proyectada del 682.1%, la más alta del mundo.
Bajo el nuevo esquema, el gobierno de Delcy Rodríguez no tiene control total sobre las divisas. Se estima que el PBI caerá un 3% este año. La llegada de los primeros 600 millones de dólares de ganancias petroleras directas sirvió sólo para que el gobierno pague bonos urgentes a la administración pública para frenar el descontento social. El país vive una “paz petrolera” frágil.
