Si no se resuelve, el paro de los camioneros en Brasil cumplirá una semana este lunes. Con muchas de las principales rutas del país cortadas y las entregas suspendidas, la población viene sintiendo el desabastecimiento en la piel. La nafta llegó a R$10 el litro (normalmente está a menos de R$3) antes de acabarse en la mayoría de los puestos, y la circulación de los colectivos en las ciudades fue reducida. Los estantes de los supermercados se empiezan a ver vacíos, y en las ferias de calle faltan frutas y verduras. Una decena de aeropuertos están sin combustible, por lo que muchos vuelos ya fueron cancelados. Varias universidades suspendieron las clases y algunos hospitales decidieron postergar cirugías no esenciales.
Ante este cuadro insostenible y el fracaso de las negociaciones, el gobierno decidió recurrir a un decreto de garantía de la ley y el orden, publicado el viernes. El decreto permite que las Fuerzas Armadas actúen para desobstruir las vías públicas, escolten vehículos y garantan el acceso a lugares juzgados esenciales y tomen medidas de protección de infraestructura crítica.
Hasta la tarde del sábado las fuerzas federales habían liberado cerca de la mitad de los más de mil puntos de concentración de los camioneros. El gobierno anunció además que les impondría pesadísimas multas a quienes continuaran cortando las vías.
¿Pero cómo se llegó a esto?
Incluyendo tanto a camioneros autónomos cuanto a varios sindicatos del sector, el paro tiene algo de planeado y algo de espontáneo. Aunque la idea parece haber surgido y crecido rápidamente en los grupos de WhatsApp de los autónomos, recién se concretó después de la convocatoria de los sindicatos, cuyos avisos al gobierno habían sido ignorados. La principal exigencia de los manifestantes es la reducción del precio del diésel, que vienen disparando a lo largo del mes gracias a la suba del precio internacional del petróleo y la devaluación del real frente al dólar; los reajustes casi diarios en el mes de mayo fueron el principal catalizador del paro.
El gobierno tardó en reaccionar y la carga recayó principalmente sobre Petrobras, que viene implementando una política de precios menos intervencionista desde julio del 2017. Aunque esta política ha tenido resultados visibles para la empresa, resultó también en una inflación del 20% en el precio de los combustibles desde que entró en efecto.
El miércoles, Petrobras anunció una reducción del 10% en los precios del diésel por 15 días para darle tiempo al gobierno de llegar a un acuerdo (la principal alternativa reside en la disminución de los impuestos), aunque como contrapartida el gobierno debería resarcir las pérdidas de la empresa, un valor calculado en casi R$5 billones (US$1,3 billones). El jueves, el gobierno anunció haber llegado a un acuerdo con las agremiaciones para detener el paro por dos semanas, pero gran parte de los autónomos no lo acataron.
Algunos de ellos ya citan otros objetivos, desde bajar los peajes a promover un golpe militar. El gobierno, por su parte, empieza a ver el paro como lo que llaman de “lock-out”, un arreglo entre las empresas y los camioneros para extorsionar al gobierno. Así justificó el uso de la fuerza para desalojar a los manifestantes.
¿Y qué tiene que ver esto con el “candidato del gobierno”?
El martes, Temer anunció que no participaría más de las elecciones presidenciales, programadas para octubre. Finalmente, le cedería la candidatura por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, exPMDB) a Henrique Meirelles, su exministro de Hacienda (dejó el cargo justamente para poder participar de las elecciones).
La popularidad casi nula de Temer ya lo tenía prácticamente eliminado del pleito. Los caciques de su propio partido presionaban para que abandone el sueño de la reelección para que ellos pudieran negociar alianzas locales, el fuerte histórico del MDB. Ahora, el partido buscará articular un proyecto de candidatura única para la centro-derecha, anunciando la perspectiva de acuerdos con el Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB), Demócratas (DEM), Partido Progresista (PP) y Partido de la República (PR), entre otros.
A pesar de su dominio en el Congreso y su gran capilaridad nacional, ninguno de los precandidatos de estos partidos tiene buenos índices de intención de voto para presidente y sería lógico que busquen unir fuerzas. Combinando sus parcelas del fondo partidario, del fondo electoral y del tiempo reservado en los medios, la coligación tendría una ventaja de recursos formidable en comparación a sus rivales.
El PSDB, el único de estos partidos tradicionalmente competitivo en elecciones presidenciales tiene como candidato a Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de São Paulo, que cuenta con menos de 10% de la intención de voto en las encuestas. Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados y precandidato del DEM, registra 2%.
Aunque el MDB tiene una reputación tóxica (Alckmin ya había rechazado un intento anterior de aproximación), Meirelles se diferencia un poco por su trayectoria y por ser considerado el arquitecto de la (tenue) recuperación económica. Fue presidente del Banco Central durante la presidencia entera de Lula (del 2003 al 2011), y Temer lo convocó a asumir la Hacienda inmediatamente después de la suspensión de Dilma en el comienzo del proceso de impeachment, cuando todavía era interino.
Desde Hacienda promovió una serie de reformas impopulares, como el congelamiento por 20 años de los gastos públicos, la reforma laboral y la reforma de la previdencia. Estas medidas, que incluyeron también la reducción de subsidios e iniciativas para privatizar o conceder empresas y servicios públicos, señalizaron al mercado el compromiso del nuevo gobierno con la responsabilidad fiscal y con una agenda liberal. De a poco se controló la inflación, el desempleo se estabilizó, la producción industrial y el crecimiento económico se recuperaron.
La robustez de los indicadores siempre fue cuestionable (particularmente por la informalización y precarización del empleo), pero la fragilidad de la recuperación quedó evidenciada con la reciente alta del dólar y del precio internacional del petróleo. El paro de los camioneros y sus efectos en el resto de la población volcaron las miradas (especialmente las de la oposición) hacia el responsable por la economía.
Según Meirelles, la solución pasa por la reducción de gastos y de impuestos, lo que requiere la aprobación de la reforma de la previdencia, y no por un mayor intervencionismo en Petrobras. A la larga, y al margen de cualquier lógica económica, esta crisis no parece favorecer su ya quijotesca candidatura. El legado de la gestión de Temer, que ya estaba en la cuerda floja, ahora tambalea.
