El Premio Nobel de la Paz fue para defensores de derechos humanos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania

Evidentemente, no podía repetir el error que cometieron con Barack Obama, que recibió el galardón mientras las tropas de Estados Unidos combatían en Afganistán, Irak y Siria. Según rumores, al Comité del Nobel de la Paz le hubiera gustado otorgarle la edición de este año al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Pero el exactor y comediante no encaja bien con el perfil que se supone debe tener quien recibe el premio. A pesar de ser el líder de un país invadido, que resiste con orgullo un ataque desproporcionado, no deja de ser también un mandatario que pide armas a sus aiados y que sostiene que no se puede negociar ningún acuerdo hasta derrotar a las tropas enemigas en el terreno.

La solución que hallaron en Oslo no deja de ser original: premiaron a Ales Bialiatski, un disidente encarcelado en Bielorrusia (cuyo dictador, Alexander Lukashenko, es el más firme aliado de Vladimir Putin y ha permitido que tropas rusas ataquen desde su territorio), y a dos ONG humanitarias, una rusa, Memorial, que el Kremlin ilegalizó, y otra ucraniana, Centro para las Libertades Civiles.

Fue una elección altamente simbólica a favor de la “coexistencia pacífica”, como la que intentó el papa Francisco en el último Vía Crucis, cuando dos enfermeras amigas, una ucraniana, compartieron la cruz durante una de las estaciones frente al Coliseo. También como en aquella oportunidad, al gobierno de Kiev no le gustó la unión de “víctimas y victimarios”.

Razones. “El Comité Nobel noruego desea honrar a tres destacados estandartes de los derechos humanos, de la democracia y de la coexistencia pacífica en los tres países vecinos que son Bielorrusia, Rusia y Ucrania”, declaró su presidenta, Berit Reiss-Andersen.

Como esperaban los expertos, el Comité Nobel quiso enviar un mensaje frente a la guerra en Ucrania, que ha sumido a Europa en la crisis de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los cinco miembros del Comité Nobel evitaron criticar directamente a Putin, que inició la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero y ayer celebró su 70º cumpleaños.

Reiss-Andersen, no obstante, sí destacó que el Ejecutivo ruso, “como el gobierno de Bielorrusia, representa un gobierno autoritario que reprime a los activistas por los derechos humanos”.

Además, instó a Bielorrusia a liberar a Bialiatski, presidente fundador del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Viasna (“Primavera”), encarcelado tras las manifestaciones masivas de 2020 contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko, considerada fraudulenta por los países occidentales.

Crímenes. La esposa de Ales Bialiatski, Natalia Pinchuk, declaró que estaba “abrumada por la emoción”. La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, consideró en Twitter que “el premio es un reconocimiento importante para todos los bielorrusos que luchan por la libertad y la democracia”.

En cambio, el gobierno bielorruso criticó la decisión del comité. “En los últimos años, las decisiones, y hablamos del Premio de la Paz, están tan politizadas que Alfred Nobel se está revolviendo en su tumba”, tuiteó el portavoz de la diplomacia bielorrusa, Anatoli Glaz.

Memorial es la organización por los derechos humanos más grande de Rusia. El Tribunal Supremo de Rusia ordenó la disolución de la estructura central del grupo, llamada Memorial International, en diciembre de 2021.

Además de poner en marcha un centro de documentación sobre las víctimas del estalinismo, Memorial ha recopilado y archivado la información sobre la represión y las violaciones de los derechos humanos en Rusia.

Pero poco después de que se anunciara el premio, la ONG denunció el proceso abierto contra ella en Rusia. “En el mismo minuto en el que todo el mundo nos felicita por el Premio Nobel, se está produciendo un proceso en el tribunal Tverskoi de Moscú para requisar los locales de Memorial”, denunció el Centro de Derechos Humanos de Memorial.

Efectivamente, el tribunal ordenó la incautación de las oficinas, en la capital rusa, de Memorial, prohibida en ese país. Los principales locales de Memorial en Rusia “quedaron convertidos en propiedad del Estado”, dijo el tribunal de Tverskoi a la agencia de noticias Interfax tras un juicio contra la ONG.

Un representante del tribunal de Tverskoi dijo que Memorial estaba implicada “en la rehabilitación de criminales nazis, desacreditó a las autoridades y creó una imagen falsa de la URSS”, según la agencia de noticias Ria Novosti, por haber desemascarado los crímenes del estalinismo.

“Que se haga justicia”. Desde la invasión rusa a Ucrania, que empezó el 24 de febrero, el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania, fundado en 2007, ha redoblado esfuerzos para identificar y documentar los crímenes de guerra que habrían cometido las fuerzas rusas contra la población civil ucraniana. “En colaboración con socios internacionales, el centro juega un papel pionero, para hacer que los culpables rindan cuentas por sus crímenes”, indico el Comité Nobel noruego.

La jefa de esa organización, Oleksandra Matviichuk, dijo ayer en Facebook que Putin debería comparecer ante un “tribunal internacional”, para “darles a los centenares de miles de víctimas de crímenes de guerra una oportunidad de que se haga justicia”.

El 23 de septiembre, investigadores de la ONU acusaron a Rusia de cometer crímenes de guerra “a escala masiva” en Ucrania, citando bombardeos, ejecuciones, actos de tortura y de violencia sexual contra víctimas de entre 4 y 82 años. Rusia también fue acusada de cometer masacres tras el descubrimiento de decenas de cadáveres de civiles en Bucha, cerca de Kiev, y de centenares de cuerpos en Izium, una región liberada por las tropas ucranianas el mes pasado.

Tras el anuncio, la presidencia ucraniana afirmó que “el pueblo ucraniano es el principal artífice de la paz”.

“El poder de la sociedad civil”. Los premiados “muestran el verdadero poder de la sociedad civil en la lucha por la democracia”, apuntó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Twitter.

El año pasado, el Nobel premió a dos periodistas estandartes de la libertad de expresión, la filipina Maria Ressa y el ruso Dmitri Muratov.

El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 10 millones de coronas suecas (unos 900 mil dólares) a repartir entre los ganadores.

El galardón será entregado en una ceremonia que tendrá lugar en Oslo el 10 de diciembre. Es el único de los premios Nobel que se entrega en la capital noruega, ya que el resto se otorga en Estocolmo.

Esta semana, se anunciaron los Nobel de Medicina, Física, Química y Literatura. La edición de este año terminará el próximo lunes, con el anuncio del ganador del premio de Economía.

Rigurosa documentación de crímenes

La ONG Centro por las Libertades Civiles, que documenta los crímenes de guerra imputados a las fuerzas rusas, se convirtió en el primer Nobel de la Paz otorgado a Ucrania, un galardón compartido con dos premiados de Rusia y Bielorrusia.

El Centro por las Libertades Civiles, fundado en 2007 y dirigido por la activista por los derechos humanos Oleksandra Matviichuk, se dio a conocer después de la anexión de 2014 de la península ucraniana de Crimea (sur) por parte de Rusia, a la que siguió un conflicto armado con separatistas apoyados por Moscú en el este del país.

La ONG lanzó una campaña internacional para reclamar la liberación de presos ucranianos víctimas de detenciones arbitrarias por rusos y separatistas prorrusos.

El más conocido de ellos era el cineasta Oleg Sentsov, que dirigió, entre otros films, la película Rhino, presentada en el Festival de Venecia (Italia) en 2021.

Tras haber sido detenido en Crimea por haber protestado contra su anexión, Sentsov pasó cinco años en cárceles rusas hasta que fue liberado en 2019, durante un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Oleksandra Matviichuk, a quien la noticia sorprendió en el extranjero, se declaró “feliz” en Facebook de recibir el prestigioso galardón.

La activista, que hoy cumple 38 años, exigió que el presidente ruso, Vladimir Putin, su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, “y otros criminales de guerra” comparezcan ante un tribunal internacional.

“Más de 20 mil” crímenes. El lema en la página de Facebook de Matviichuk es explícito: “El pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir. Cuando las fuerzas te abandonan, aflora tu carácter”. Desde que empezó la invasión rusa a Ucrania, en febrero, el Centro por las Libertades Civiles empezó a documentar crímenes de guerra imputados por Ucrania a las tropas rusas.

Apoyándose en voluntarios, la ONG envió unidades móviles a los lugares de los crímenes, trabajando para facilitar el retorno a Ucrania de “decenas de miles” de ucranianos que se vieron forzados a abandonar zonas de guerra y trasladarse a Rusia. Según la portavoz del centro, Anna Trushova, la organización ya ha “registrado más de 20 mil” delitos.

La conciencia de la Rusia prohibida por Putin

La emblemática ONG rusa Memorial, copremiada este viernes con el Nobel de la Paz, ha documentado durante tres décadas las purgas de la época estalinista y después la represión de la Rusia contemporánea de Vladimir Putin, de la que ella misma ha terminado siendo víctima.

El pasado invierno boreal, la Corte Suprema rusa ordenó la disolución de Memorial por violar una controvertida ley sobre “agentes del extranjero”, una decisión que provocó una avalancha de condenas.

La liquidación de esta organización, convertida en símbolo de la democratización de los años 90, tras el hundimiento de la Unión Soviética, se produjo semanas antes de la ofensiva en Ucrania.

Desde entonces, el Kremlin ha acentuado aun más la represión de las voces díscolas con su campaña militar, a través de miles de multas y fuertes penas de prisión.

Fundada en 1989, Memorial no dejó de llamar la atención a las autoridades, ganándose la enemistad de numerosos responsables y siendo víctima de represalias que llegaron al asesinato.

Creada por disidentes soviéticos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Andréi Sájarov, la organización era respetada por sus investigaciones rigurosas de los crímenes estalinistas, los abusos en Chechenia y los abusos cometidos por los paramilitares rusos en Siria.

Paralelamente, Memorial también elaboraba una lista de presos políticos a los que ofrecía asistencia, así como a migrantes y personas de minorías sexuales.

“Enemigos del pueblo”. En los dos conflictos en Chechenia, en los años 90 y 2000, los colaboradores de Memorial estaban en el terreno, documentando los abusos de los soldados rusos y sus refuerzos locales. “El poder siempre detestó eso”, decía en noviembre la historiadora Irina Shcherbakova, una de las fundadoras.

En 2009, la responsable de la ONG en Chechenia, Natalia Estemirova, fue secuestrada y ejecutada en Grozny. Acusado de ese asesinato, el autoritario dirigente checheno Ramzan Kadyrov, tachó a los integrantes de Memorial de “enemigos del pueblo”.

En los años 60 y 70, antes de la fundación oficial de Memorial, militantes disidentes empezaron a recabar clandestinamente informaciones para dar nombre a los millones de víctimas olvidadas de la represión soviética. Con la apertura impulsada por Mijaíl Gorbachov en la recta final de la URSS, lo empezaron a hacer sin esconderse.

Pero con la llegada de Putin, en 2000, esta tarea se complicó porque el Kremlin defendía una interpretación histórica que subraya el poder ruso y minimiza los crímenes soviéticos.

Durante el proceso de disolución de la ONG, el fiscal Alexéi Yafiarov acusó a Memorial de “crear una imagen falsa de la URSS como Estado terrorista” y de buscar “rehabilitar a criminales nazis”, la misma utilizada ayer por un tribunal que le confiscó todas sus oficinas.

La ONG denunció otros procesos para acallarla. “Lo que está pasando ahora no es comparable con lo que pudo ocurrir antes, un país que había abandonado el sistema totalitario vuelve a él”, denunció en abril Oleg Orlov, uno de los dirigentes históricos de Memorial, admitiendo que no había “vivido período más sombrío” en toda su vida.