Hace ocho meses el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que iniciaría la guerra contra las pandillas. Desde aquel momento hasta ahora, se estima que el 2% de la población adulta del país ha sido detenida y encarcelada, lo que equivaldría a unas 100.000 personas.
La decisión tomada por el mandatario, producto de una ola de violentos asesinatos cometidos por las diferentes pandillas que atormentan al país, colocó a la región en un estado de emergencia prolongado con derechos constitucionales "relajados", como el debido proceso y la libertad de asociación.
Según señaló un experto en América Central de Crisis Group, Tiziano Breda, las tasas de homicidios en el país registran una caída, por lo que la política "antipandillas" del gobierno salvadoreño parece estar dando resultados. Asimismo, Bukele ha obtenido un índice de aprobación del 86% en una encuesta realizada por CID Gallup entre 12 países latinoamericanos.
Antes de que el presidente salvadoreño optara por recurrir a la represión, la presencia de las pandillas hacían que fuera "prácticamente imposible que los políticos y funcionarios estatales no tuvieran que negociar con ellos si deseaban, entre otras cosas, llevar a cabo una campaña electoral o brindar servicios en barrios pobres", según señaló un informe de Crisis Group.
Sin embargo, frente a este escenario, los grupos de derechos temen que el costo de erradicar las pandillas resulte muy alto, sobre todo por factores como el arresto de 50 mil personas entre marzo y noviembre de este año, las cárceles sobrepobladas y la militarización de la sociedad.
En este sentido, han argumentado que tras el comienzo de la represión, se produjeron reiteradas violaciones a los derechos humanos durante las detenciones, incluyendo torturas, maltrato y arrestos arbitrarios basados en evidencia cuestionable, como pueden ser los antecedentes o denuncias anónimas.
"Hay una tendencia en América Latina de creer que para abordar problemas de seguridad muy serios es necesario suspender los derechos", analizó al respecto en diálogo con CNN Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Especulación: ¿Silencio por conveniencia?
En relación al conflicto existente en El Salvador y sus repercusiones, los expertos en Derechos Humanos han notado el llamativo silencio de Estados Unidos frente a la represión prolongada en la región a pesar de haber sido inicialmente duros frente a la situación.
"Más recientemente observamos posiciones ambiguas, lo que parece ser parte de la obsesión del Gobierno Biden por prevenir la migración", expresó Pappier.
En este sentido, según analizó el experto, una baja en los índices criminales de El Salvador implicaría una reducción de la cantidad de ciudadanos salvadoreños que abandonan su país y buscan asilo en Estados Unidos. Aunque, aclaró que esto podría ser contraproducente ya que "algunos de ellos le tienen miedo a la policía", por lo que deciden irse al verse privados de derechos.
"La violencia de las pandillas es un problema grave, y El Salvador y Estados Unidos tienen un interés personal en garantizar que estos criminales violentos estén fuera de las calles. Al mismo tiempo, hemos instado al presidente Nayib Bukele y a su Gobierno a abordar la amenaza de las pandillas respetando y protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales", declaró a la CNN un vocero del Departamento de Estado.
A su vez, el portavoz reiteró la postura estadounidense de considerar que el estado de emergencia "es una política insostenible que ha generado serias preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y muertes".
AS / MCP
