El gobierno de Estados Unidos elevó la confrontación con la Corte Penal Internacional al imponer sanciones a otros cuatro jueces y fiscales del tribunal de La Haya. Esta vez, los alcanzados por la medida provienen incluso de países aliados como Francia y Canadá. La decisión tiene como telón de fondo la causa que investiga al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra cometidos en Gaza. Y ocurrió en medio del anuncio de Tel Aviv de ocupar el enclave palestino devastado por la guerra.
"El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", justificó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al anunciar las sanciones en un comunicado oficial este miércoles 20 de agosto.
Según el secretario de Estado estadounidense, los magistrados y fiscales sancionados intentaron investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses e israelíes sin contar con el consentimiento de ninguna de las dos naciones, considerando que no se adhirieron al tribunal penal de la ONU constituido en 2002 para investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluida la figura del genocidio.
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Entre los sancionados está el juez francés Nicolas Guillou, quien actualmente preside el caso impulsado por el Estado de Palestina —miembro pleno de la CPI, a diferencia de Israel y Estados Unidos— que derivó en la emisión de una orden de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en función de una causa que siguió su curso ante la falta de investigación interna dentro de Israel.
Además, Guillou cuenta con antecedentes relevantes que molestan al gobierno de Donald Trump, incluido haber sido asesor del Departamento de Justicia estadounidense durante la presidencia de Barack Obama. También participó en procesos internacionales vinculados a Kosovo y Líbano.
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En respuesta, la CPI denunció lo que definió como un "ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial".
Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron visitó Washington apenas dos días antes del anuncio, expresó su “consternación” por la sanción a Guillou. “Es contraria al principio de independencia de la justicia”, declaró un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.
La fiscalía de la CPI acusa a Netanyahu de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, que dejó un saldo de casi 62.000 palestinos muertos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera confiables.
El proceso judicial en La Haya también incluye una orden de arresto contra el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y contra el comandante de Hamas Mohammed Deif, cuya muerte fue confirmada más tarde por las autoridades israelíes.
Entre los cargos presentados se incluyen ataques deliberados contra la población civil y el uso del hambre como arma de guerra, sumado a los recientes casos de ataques deliberados contra civiles en filas para recibir comida, periodistas, médicos y otras figuras que deberían estar protegidas en función del derecho internacional humanitario.
Con estas sanciones, Estados Unidos prohíbe la entrada de los jueces y fiscales al país y bloquea cualquier propiedad que puedan tener en su territorio. En general, son medidas habitualmente reservadas para adversarios geopolíticos, y no para ciudadanos de países aliados.
"La CPI ha actuado de forma ilegítima contra Israel", argumentó el Departamento de Estado, al explicar la nueva ofensiva contra el tribunal penal. En tanto, el rechazo a la Corte ha sido una constante del gobierno de Trump, que insiste en negar su autoridad pese al respaldo que la CPI —inspirada en los juicios de Nuremberg y a las Juntas militares argentinas— mantiene entre la mayoría de las democracias europeas.
La barrida también alcanzó a la jueza canadiense Kimberly Prost, quien intervino en el proceso sobre los presuntos crímenes cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán. El castigo se extendió a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal), acusados de haber avalado las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.Desde Jerusalén, Netanyahu celebró el respaldo de Rubio. Agradeció lo que describió como un "acto decisivo contra una campaña de desprestigio y mentiras contra el Estado de Israel", a partir del accionar de su ejército.
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No es la primera vez que Washington utiliza este tipo de herramientas contra jueces de la CPI. En junio, Rubio ya había sancionado a otros cuatro magistrados del tribunal. Pero la paradoja se selló el viernes pasado, cuando Donald Trump recibió en Alaska al presidente ruso Vladimir Putin, quien enfrenta una orden de detención emitida por ese mismo tribunal que Estados Unidos busca deslegitimar. Esa orden ha limitado sustancialmente los desplazamientos internacionales del mandatario ruso desde la invasión a Ucrania.
CD
