Silvia Delgado, reconocida por haber sido abogada defensora del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, alcanzó los votos suficientes para encabezar un juzgado penal de Chihuahua, México. Los resultados se conocieron este martes, tras la inédita elección judicial celebrada el pasado 1 de junio.
Con una muy baja participación, los mexicanos eligieron a todos sus jueces en unos comicios caracterizados por irregularidades y posibles favoritismos hacia candidatos afines al Gobierno nacional. Las elecciones causaron cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial frente a los partidos políticos y al crimen organizado.
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Delgado, quien defendió al fundador del violento cártel de Sinaloa antes de la extradición a Estados Unidos en 2017, se presentó como candidata para un juzgado del estado de Chihuahua. El Instituto Electoral local culminó el conteo de votos, el cual marca que la abogada quedó en segundo lugar en la lista de aspirantes de mujeres.
Su candidatura fue muy cuestionada: la ONG Defensores la incluyó entre una veintena de candidatos considerados “riesgosos”. Sin embargo, ella aseguró que su única relación con Guzmán fue estrictamente profesional.
El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos criminales mexicanos designados en febrero como “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Estados Unidos. La administración de Donald Trump considera a esta mafia como la “responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas que ingresan" a ese país.
Elecciones judiciales en México
Los votantes mexicanos estaban convocados a elegir 881 jueces a nivel federal, nueves miembros de la Corte Suprema y alrededor de 1800 magistrados en 19 de los 32 estados, el pasado domingo 1 de junio. La elección fue resultado de las reformas constitucionales del Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales, promovidas por el expresidente Ándres Manuel López Obrador.
La renovación, implementada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se apoya en el objetivo de democratizar la Justicia, evitar la injerencia política en la selección de jueces y mejorar el acceso ciudadano al sistema judicial. En 2027 se completará la renovación total del sistema de impartición judicial.
Al igual que en otros países de la región, el sistema judicial mexicano carece de confianza ciudadana. El acceso a la justicia se ve limitado por los costos y el lenguaje tan técnico y jurídico de sus sentencias. En México la confianza al poder judicial en 2024 fue del 35%, según el Informe Latinobarómetro.
BGD/ML
