El gobierno y la oposición de Venezuela iniciaron ayer en México una nueva negociación para poner fin a la aguda crisis política y económica, con la mira puesta en el levantamiento de sanciones y elecciones presidenciales.
Tras los fallidos diálogos de Barbados, en 2019, y República Dominicana, en 2018, la mesa se instaló en el Museo Nacional de Antropología, en Ciudad de México, con la mediación de Noruega y el auspicio del gobierno mexicano.
Las partes se volverán a ver el 30 de agosto para discutir una agenda de siete puntos que no prevé la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, a quien la oposición acusa de haberse reelegido fraudulentamente en 2018 para un período de seis años.
El jueves, el mandatario advirtió que no cederá a “chantajes ni amenazas” de Estados Unidos, que le exigió “discusiones sinceras” para resolver los problemas de la otrora potencia petrolera. Washington reconoce como presidente encargado a Juan Guaidó, quien se proclamó como tal en 2019 cuando lideraba el Parlamento, hoy en manos del chavismo.
En su intento por asfixiar a Maduro, el ex presidente Donald Trump impuso una batería de sanciones a Venezuela -incluido un embargo petrolero-, que el gobierno del demócrata Joe Biden ofrece aliviar si la negociación avanza hacia nuevos comicios.
“El régimen de Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones al permitir que los venezolanos participen en elecciones libres”, dijo un portavoz del Departamento de Estado. Canadá y la Unión Europea, por su parte, también se declaran dispuestas a revisar sus medidas punitivas.
Pero Maduro, un ex chofer de autobús de 58 años, insiste en que “Venezuela va al diálogo de México de manera autónoma e independiente y no se somete a chantajes ni amenazas del gobierno de Estados Unidos”.
Elecciones presidenciales. El gobernante, elegido en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, se aferra al poder con el apoyo de los militares, Cuba, China y Rusia, pese al derrumbe económico. El PBI del socio de la OPEP se redujo 80% desde 2014 y en el país rige una dolarización de facto ante la destrucción de la moneda local.
Maduro atribuye la debacle a las sanciones, que según él impiden, entre otra cosas, la compra de suficientes vacunas contra el covid-19. A raíz de la crisis, más de cinco millones de venezolanos se han visto forzados a migrar.
Por su parte, la oposición exige un cronograma que conduzca a elecciones presidenciales con garantías, además de la liberación de políticos presos como el ex diputado Freddy Guevara, detenido poco antes de las conversaciones. Los adversarios de Maduro asisten como una “plataforma unitaria”, intentando superar sus históricas divisiones para enfrentar al chavismo.
De hecho, el bloque difiere sobre la posibilidad de participar en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre. Alegando falta de garantías, en 2018 y 2020 la oposición boicoteó las votaciones presidenciales y parlamentarias, dejando el camino libre al oficialismo, que controla todos los poderes del Estado.
“Puede haber una flexibilización de algunas sanciones vinculadas a temas humanitarios” y “ceder en temas como los presos políticos o del reconocimiento institucional de la oposición”, pero Maduro “no está a punto de salir del poder”, estima Luis Vicente León, director de la encuestadora venezolana Datanálisis.
Pragmatismo. Para Pedro Benítez, analista político y profesor universitario venezolano, las partes pondrían alcanzar acuerdos si admiten que “ninguno de los dos puede aplastar al otro. El liderazgo político debe tener eso claro y se lo tiene que transmitir a la gente”, señaló.
Maduro estará representado por una comitiva encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y por su hijo y diputado Nicolás Maduro Guerra.
La oposición contará con una delegación encabezada por el político y abogado Gerardo Blyde y dirigentes como los ex diputados Julio Borges, representante de Relaciones Exteriores de Guaidó, Tomás Guanipa y Stalin González.
