El Gobierno holandés resolvió que los presos de las cárceles del país deberán pagar 16 euros diarios por estar entre rejas. Con esta medida se obliga al delincuente a asumir el costo de sus actos y además supondría un ahorro 65 millones de euros (unos 80 millones de dólares) en gastos judiciales y policiales. Esta fórmula ya se planteó en otros países europeos, como Alemania y Dinamarca.
El proyecto de ley fue formulado por la actual coalición en el poder formada por liberales de derecha y socialdemócratas. La propuesta fue enviada a órganos consultivos como la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Magistratura para que fuera analizada y llegará al Parlamento este mismo año.
Esta medida también contemplará el pago para las personas encerradas en instituciones psiquiátricas dependientes del departamento de prisiones y a los padres de menores internados en centros de reinserción. “Se trata de que el preso entienda que forma parte de la sociedad, y si comete un delito, tiene la obligación de contribuir al gasto que ocasiona. Que sus actos no deben ser pagados, desde el punto de vista económico, solo por el resto de la ciudadanía”, argumentó Johan van Opstel, portavoz de Justicia.
Actualmente una celda en una cárcel holandesa supone un gasto estatal de 200 euros al día (246 dólares); con el plan oficial se recaudarían unos 11.680 euros por interno (14.389 dólares). Según informó Van Opstel, la deuda que contraería el preso no podrá cancelarse: “Si tienen dinero al ingresar en prisión, empezarán a pagar entonces. Si no, disponen de tiempo indefinido para saldarla. Por ejemplo, en cuanto dispongan de un sueldo. Pero solo se les cobrará por el equivalente a dos años de condena. Incluso cuando sean más largas”. Además existirá la opción de pagar en cuotas.
El aumento del número de los presos en la década de los noventa obligó a la construcción de nuevas cárceles. Hoy en día Holanda cuenta con espacio para 12.000 reclusos y sobran celdas debido a la disminución de los índices de criminalidad.
El titular de Justicia, el liberal Ivo Opstelten, presentó un proyecto legislativo similar al del cobro por día, pero adjudicaría a los condenados los costos generados por las investigaciones policiales, procedimiento judicial posterior y la asistencia a las víctimas.
