Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ingresó a una de las más temidas cárceles de Nicaragua para indagar sobre la situación de unos 200 detenidos, en su mayoría jóvenes capturados por participar en protestas cívicas desde abril. La misión durará por lo menos seis meses y en la que se comprometieron a “buscar la verdad” y trabajar por las víctimas de la violencia que estremece a este país desde hace más de dos meses.
Así lo anunciaron el italiano Amérigo Incalcaterra, la peruana Sofía Macher, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el argentino Pablo Parenti, al ser presentados este martes en rueda de prensa como miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). "Nuestro compromiso es con las víctimas (y) con la búsqueda de la verdad más allá de quiénes sean los perpetradores", afirmó Incalcaterra. Dijo que tienen previsto reunirse con funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega, con activistas de derechos humanos y con familiares de víctimas.
El lunes, salir de la cárcel, decenas de madres, abuelos, tíos y hermanas de detenidos rodearon a los miembros de la CIDH para conocer información sobre sus parientes. Algunas mujeres gritaban y otras lloraron desconsoladamente al no recibir ninguna noticia. Urrejola y el brasileño Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, presentarán este martes al Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que durante al menos seis meses se encargará de investigar denuncias de asesinatos, detenciones y torturas ocurridas desde que iniciaron las protestas en Nicaragua el 18 de abril. En mayo, la CIDH recibió más de 1.000 denuncias de crímenes contra manifestantes.
Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), declaró que más de 200 personas permanecen detenidas en el país, la mayoría de éstas en El Chipote, y acusó a Ortega de utilizar fuerzas policiales y paramilitares en una "cacería de brujas" mediante "arrestos selectivos" de dirigentes sociales, además de cateos, secuestros, asesinatos y allanamientos de morada sin orden judicial.
"Se trata de ciudadanos que son detenidos sólo por ejercer su derecho a la protesta cívica", consagrado plenamente en la Constitución de Nicaragua, advirtió el activista. Entre los jóvenes capturados y llevados a El Chipote figura Manuel Tijerino, sobrino nieto de la famosa ex guerrillera sandinista Doris Tijerino, amiga del presidente Daniel Ortega y jefe de la Policía durante la revolución.
El rector de la Universidad Americana (UAM, privada), Ernesto Medina, acusó al Gobierno de proteger a los policías culpables de asesinatos "mientras mantiene en la cárcel injustamente a estudiantes que protestaban de forma pacífica". Mientras, líderes de la opositora Alianza Cívica pidieron la libertad de todos los presos políticos y el cierre definitivo de El Chipote, que "se ha convertido en símbolo de tortura y dolor para los nicaragüenses".
La coalición antigubernamental anunció que seguirá "manteniendo las protestas en las calles" y en tal sentido convocó a un plantón cívico el próximo miércoles en Managua, con réplicas en otras ciudades del país y a una nueva "marcha nacional" prevista para el 7 de julio.
Entretanto, un grupo de figuras políticas y de la sociedad civil propusieron formar una "junta de transición" que convoque a comicios anticipados y exigieron la "salida inmediata" de Ortega, a quien acusaron de cometer crímenes de lesa humanidad. La "Junta de transición" debería "restaurar las instituciones y garantizar las nuevas elecciones presidenciales", indicó un comunicado firmado entre otros por Violeta Granera y Benjamín Lugo, del opositor Movimiento por Nicaragua (Mpn).
Nicaragua vive una aguda crisis política que comenzó el 18 de abril con una protesta de universitarios y se agudizó tras la violenta acción de la Policía y fuerzas de choque contra los civiles. Según la ANPDH, al menos 285 personas han muerto y otras 1.500 resultaron heridas desde entonces. La CIDH registra 212 muertes y el Gobierno solamente 47. Entre los últimos episodios de violencia, la Policía informó en un comunicado el domingo que dos efectivos fueron asesinados a balazos por "delincuentes encapuchados" en la provincia de Carazo, al sur de Managua.
Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) aclararon que su misión será investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos y ayudar a resarcir a las víctimas, pero no tienen autoridad para pedir el cese de la violencia o la disolución de los grupos paramilitares. “Nosotros no podemos sustituir funciones de las autoridades del Estado, sino apoyar las investigaciones que se realicen”, explicó Pablo Parenti. Por su parte, Sofía Macher dijo que aunque no les compete "desarmar a grupos agresores, tenemos la expectativa de que si logramos llamar la atención, estos procesos de justicia puedan tener un impacto sobre la violencia”.
