Casi en las vísperas de la próxima cumbre de los 7 países más ricos del mundo que se llevará a cabo en Londres entre el 11 y 13 de junio venideros, expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hicieron un llamado al G7, con el propósito que “aseguren un acceso igualitario a las vacunas contra la Covid-19 para los países del Sur Global”, como se denominan a las economías menos desarrolladas del planeta, según un comunicado difundido en Ginebra.
“Todas las personas tienen derecho” a disponer de esas vacunas para hacer frente a la Covid-19, y “que sean seguras, efectivas, oportunas y basadas en la aplicación de las mejores” bases científicas, reclamaron los Relatores de la ONU contra la extrema pobreza, por el derecho al desarrollo, a la solidaridad internacional, a disfrutar de la salud física y mental, y por el respeto de los derechos humanos que deben tomar en cuenta las empresas a escala internacional.
El G-7 está compuesto por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña y los Estados Unidos, considerados los países capitalistas de mayor peso político, económico y militar, que controlan el 65% de la riqueza mundial. Es un foro coordinador de las finanzas, la economía, el empleo, la seguridad y las políticas comerciales, en el cual también participa la Unión Europea.
“Ahora es el momento de la solidaridad y la cooperación internacional para prestar asistencia efectiva a todos los gobiernos en sus esfuerzos por vacunar a sus poblaciones y salvar vidas”, subrayaron expertos de Naciones Unidas. “No es éste el momento de negociaciones prolongadas o de lobbistas erigiendo barreras para proteger las ganancias de corporaciones”, precisaron. A su vez lamentaron que “la extraordinaria velocidad con que se han producido vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19 no ha ido acompañada de acciones rápidas para garantizar equidad en el acceso a ellas en todos los países y regiones”.
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“Miles de millones de personas en el Sur Global se están quedando atrás, y ven las vacunas como un espejismo o un privilegio del mundo desarrollado”, enfatizaron los expertos, quienes no son funcionarios de la ONU, pero sí especialistas en cada materia, que obran de acuerdo a sus conciencias y actúan con independencia, no cobran sueldo, sino solo viáticos para sus funciones. “Esta situación prolongará innecesariamente la crisis, elevará drásticamente el número de muertes y profundizará el sufrimiento económico, posiblemente plantando las semillas de tensiones sociales”, advirtieron.
“Los líderes del G-7 deben tener como principal prioridad la protección de los derechos a la vida y a la salud de las personas en las situaciones sociales y económicas más precarias, en una época en la que millones de personas se enfrentan a la pobreza y el hambre”, manifestaron los Relatores de la ONU. Evocaron su pronunciamiento del año pasado “sobre el costo humano de la pandemia”. Y reiteraron lo revelado por los informes de la OMS, que menos del uno por ciento de todas las vacunas administradas hasta el momento, hayan ido a los países de bajos ingresos.
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Para remediar la situación, los representantes de la ONU recalcaron la importancia de asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se conviertan en obstáculos para una producción de bajo costo y para la expansión de la oferta de vacunas, en relación al debate de al menos suspender por un plazo limitado de tiempo las patentes que protegen a los grande laboratorios para asegurarse la fabricación y venta de las vacunas a precios que evidentemente los países menos favorecidos no pueden pagar, un tema que se trata en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En tal contexto, estas personalidades referentes de la ONU aprovecharon la oportunidad para recomendar a las compañías farmacéuticas “a unirse a la plataforma de la OMS conocida como COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), para compartir su conocimiento y datos, y facilitar la transferencia de tecnologías”. Y alentaron a que la OMC reconozca que no son suficientes sus actuales posibilidades de que los países hagan uso “de licencias obligatorias en casos de emergencia nacional… para responder adecuadamente a la pandemia actual”.
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A tal efecto, la ONU defiende “maximizar la producción de vacunas seguras (que) debe prevalecer sobre las ganancias monetarias en una pandemia global”. Y exhorta a los Estados que al asegurar “la protección legal de la propiedad intelectual y de patentes no socave el derecho de todas las personas a disponer una vacuna efectiva, segura, y oportuna”. Los expertos insistieron en que la OMC y demás organismos multilaterales deben regirse por los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” adoptados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a fin que no se limite “la capacidad de cumplir el deber de protección, ni pongan trabas al respeto de los derechos humanos por las empresas”.
En paralelo, la ONU resalta “la necesidad de fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para producir vacunas por sí mismos, a través de la asistencia técnica y financiera para desarrollar la manufactura local – algunas de las cuales ya están en camino- y para salvaguardar” poder tener a mano “los ingredientes activos necesarios” que demanda “la producción”.
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Los expertos resaltaron el pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU al señalar que “el acceso desigual a las vacunas en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo no es solamente discriminatorio”, sino que atenta “contra el progreso” para la humanidad, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que aspira Naciones Unidas. Concluyeron haciendo saber que están “especialmente impresionados por el papel que han jugado las organizaciones de la sociedad civil y los activistas al lograr galvanizar el apoyo de varios Estados y actores a favor de una vacuna para todas las personas, en todos los lugares, y gratuita”.
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