La realidad en Venezuela es cada día más distinta a lo que era hasta hace sólo dos meses. Y es que, a esta altura, un total de 179 personas recuperaron su libertad tras la entrada en vigencia de la histórica Ley de Amnistía, según informó el jefe de la comisión parlamentaria encargada de supervisar el proceso. La normativa, promulgada el pasado 19 de febrero, buscó cerrar causas penales contra cientos de detenidos por razones políticas en todo el territorio nacional. Este movimiento marcó el inicio de una etapa clave para que el conflicto interno “afloje” un poco, aunque la aplicación de la ley no se realizó de forma automática en todos los casos.
El sistema de justicia ya recibió 4.293 solicitudes formales de personas que buscaron el sobreseimiento de sus causas o la anulación definitiva de sus sentencias. El diputado Jorge Arreaza confirmó que, además de las liberaciones físicas, unas 3.000 personas que cumplían libertad condicional pasaron al régimen de “libertad plena”. Para acceder a este beneficio, los interesados debieron presentarse ante los tribunales para una revisión exhaustiva de sus expedientes y esperar el dictamen de los jueces.
La situación más crítica se vivió a las afueras del centro penitenciario El Rodeo, cerca de la capital, donde decenas de familias pasaron la noche en carpas a la espera de noticias. El clima de expectativa se mezcló con la angustia por una huelga de hambre que iniciaron más de 200 internos para exigir rapidez en los trámites. Entre los huelguistas se encontró el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en diciembre de 2024, cuya situación generó una fuerte preocupación por las condiciones de alimentación y salud dentro del penal.
A pesar de los avances, la amnistía mantuvo exclusiones estrictas para casos considerados de gravedad extrema contra la seguridad del Estado. Uno de los ejemplos más notorios fue el de José Barreno, vinculado a la Operación Gedeón del año 2020, quien no quedó alcanzado por los beneficios de la nueva ley. Su madre reconoció ante la prensa que el estado de su hijo es delicado, reflejando el desamparo de quienes, aun con la ley en marcha, vieron frustradas sus posibilidades de salir de prisión.
Por su parte, la ONG Foro Penal verificó de manera independiente la liberación de 109 personas hasta la tarde de este martes. La organización destacó la importancia de distinguir entre la libertad plena y la "excarcelación", ya que muchos de los que abandonaron los penales todavía quedaron sujetos a ciertas medidas, como la prohibición de salir del país. Esta diferencia mantuvo en alerta a los defensores de Derechos Humanos, quienes pidieron transparencia absoluta en el recuento de los beneficiarios.
La vigilia en El Rodeo y los límites de la ley
El acampe de los familiares en El Rodeo comenzó el pasado 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron que se iba a producir un número importante de liberaciones. Desde entonces, madres y esposas de los detenidos soportaron la intemperie bajo la promesa de ver a sus seres queridos tras años de encierro. La esperanza se renovó con el anuncio del jueves pasado, pero la pata judicial resultó más lenta de lo esperado por quienes llevan semanas durmiendo en las puertas de la cárcel.
La huelga de hambre de los presos políticos agravó la urgencia de la respuesta oficial. Según los testimonios de los familiares, los internos decidieron profundizar sus protestas ante la falta de una alimentación adecuada y la incertidumbre sobre quiénes serán los próximos en salir. La debilidad física de aquellos que decidieron hacer huelga puso en jaque la capacidad de asistencia del servicio penitenciario, mientras las voces de reclamo llegaron incluso a niveles internacionales por la presencia de ciudadanos extranjeros entre los detenidos.
Finalmente, el debate sobre el alcance de la Ley de Amnistía continuó en los tribunales, donde los jueces debieron resolver miles de pedidos en tiempo récord. Mientras el oficialismo celebró la medida como un acto de pacificación, sectores de la oposición y organismos internacionales advirtieron que aún quedan cientos de casos pendientes. La salida progresiva de los detenidos ofreció un alivio temporal, pero la resolución de las causas más complejas quedó como una deuda pendiente en la agenda política venezolana.
TC / EM
