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INTERNACIONAL / ABUSOS EN LA IGLESIA
jueves 28 marzo, 2019

Las víctimas del sacerdote chileno Karadima serán indemnizados por la iglesia

La Corte de Apelaciones dio lugar, con un fallo unánime, al reclamo de resarcimiento al clero presentada por quienes sufrieron indecoros sexuales de parte del ex párroco Fernando Karadima. Cada uno recibirá 150 mil dólares.

Karadima fue en los años 80 una de las figuras más influyentes al interior del episcopado por la formación de vocaciones religiosas Foto: AP
jueves 28 marzo, 2019

Una corte chilena condenó el miércoles a la Iglesia Católica a pagar casi 450.000 dólares como indemnización a tres de las víctimas del exsacerdote Fernando Karadima, el más notorio cura pedófilo del país. La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recibió en fallo unánime la demanda presentada por James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. La Iglesia de Santiago deberá pagar una reparación de 150 mil dólares a cada uno de ellos.

Los tres profesionales hicieron públicas sus denuncias en 2010 desencadenando una ola de testimonios en contra del clero que derivaron en la mayor crisis en la Iglesia católica chilena, con más de 148 curas acusados por más de 250 víctimas. El caso Karadima se convirtió en un hecho emblemático que desnudó los abusos sexuales, de poder y de conciencia al interior de la Iglesia y que inicialmente afectó al exsacerdote. Llegó al cine a través de la película “El bosque de Karadima”, protagonizada por Benjamín Vicuña.

Karadima fue en los años 80 una de las figuras más influyentes al interior del episcopado por la formación de vocaciones religiosas, entre ellas cuatro obispos, dos de los cuales han sido apartados de sus diócesis: Juan Barros, el cuestionado obispo de Osorno, y Horacio Valenzuela, de Talca. El expárroco de El Bosque construyó un imperio económico al convertirse en el cura del empresariado y oligarquía chilena que le hacía millonarias donaciones. En 2011, Karadima fue condenado a una vida de oración y penitencia por abusos sexuales, de poder y de conciencia.

El dictamen judicial declaró procedente la reparación “por concepto de daño moral” por unos 150.000 dólares que deberá pagar la Iglesia a cada uno de los demandantes.

La vista a Chile del Papa Francisco, en enero del año pasado, se convirtió en un terremoto que sacudió todas las estructuras eclesiales católicas, luego que los laicos se revelaran en contra del apoyo que le dio a Barros y a la jerarquía. El Pontífice se vio obligado a enviar a delegados especiales que en un documento de más de 2.000 páginas estamparon la grave crisis de la Iglesia.

En aquella oportunidad, Hamilton, Cruz y Murillo volvieron a protagonizar un importante rol al no acallar sus denuncias y poner el foco en una jerarquía que había encubierto y obstruido sus acusaciones impidiendo que se investigara. El Papa invitó a los tres profesionales a la Santa Sede, en lo que ellos calificaron como "el inicio de su sanación" después de haber golpeado puertas sin respuesta por cerca de 20 años. 

La orden de indemnización revirtió la decisión del juez de primera instancia adoptada en 2017, donde se rechazó el recurso judicial que buscaba una compensación de 670 mil dólares. Las víctimas apelaron y tras varios intentos de conciliación no se llegó a acuerdo, por la negativa de los acusadores. La demanda de Hamilton, Cruz y Murillo se presentó por la "negligencia sistemática e ignorancia deliberada" de las autoridades de la Iglesia Católica al enfrentar sus denuncias por abusos sexuales.

El fallo establece de forma clara las responsabilidades de la Iglesia como institución, más allá de la figura de Karadima, al no hacer nada para proteger a las víctimas.

Los tres profesionales apuntaron de manera especial contra los dos exarzobispos de Santiago, el obispo emérito y cardenal Francisco Javier Errázuriz y el también cardenal Ricardo Ezzati, a quien el sábado el Papa le aceptó la renuncia. El prelado, salesiano de origen italiano, señaló hoy antes de conocerse el fallo de la Corte, que "jamás hemos encubierto nada". En su primera entrevista como obispo emérito, dijo no obstante que "no excluyo que haya habido en alguna parte encubrimiento".

"Lo que digo -abundó en declaraciones a radio Cooperativa- es que de mi parte todas las denuncias han sido investigadas y varias de ellas están en la Santa Sede, más ágilmente en los últimos tiempos porque hemos ido adquiriendo experiencia en esto". Admitió eventuales errores, pero que estos no fueron conscientes y que a diario pide perdón por ellos.

“Hoy el Estado de Chile deja constancia de que todas instituciones son garantes y deben proteger los derechos de los ciudadanos. Que nadie, por poderoso que sea, puede abusar y encubrir abusos sexuales de manera impune”, leyó Hamilton como parte de un comunicado conjunto de las tres víctimas.

El médico de profesión señaló que este era un hecho relevante “no sólo por nosotros en particular, por los cientos o miles de víctimas de abusos por partes de sacerdotes y religiosos que han sufrido la falta de justicia, la revictimización, el abandono, la absoluta soledad, y la traición a su compromiso original de cuidado y acompañamiento”.

La sentencia podría abrir el camino a muchas otras solicitudes de indemnización por parte de cientos de personas que han denunciado abusos sexuales o encubrimiento dentro de la Iglesia chilena.

La Iglesia aún puede apelar ante la Corte Suprema. Sin embargo, el Arzobispado de Santiago emitió un comunicado en el que manifestó “su conformidad con el fallo” y su confianza en que “esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima”. “La resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores que hemos reconocido desde un comienzo: la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas”, afirmó la institución.

“La negligencia en la investigación del abuso que se hizo desde las instancias oficiales de la Iglesia católica tuvo gran impacto sobre las víctimas cuando las autoridades institucionales descartaron la denuncia en lugar de considerar la posibilidad de examinar si tenía algún elemento de verdad, protegiendo con su inactividad a los abusadores... y descuidando por completo lo ocurrido a las víctimas del abuso”, indicó el fallo.

D.S.


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