Finalmente, llegó el Día D de Luiz Inácio Lula da Silva. El próximo miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá si concede un hábeas corpus al ex presidente. Si eso sucede, apelaría en libertad ante las máximas cortes de Brasil su condena a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero, que cuenta con fallo de primera y segunda instancia. El cónclave del 4 de abril será crucial para definir si Lula es encarcelado, pero también implicaría un impacto mayor, ya que puede respaldar las investigaciones del Lava Jato o, por el contrario, abrir la puerta a excarcelaciones de otros condenados.
La posibilidad de que Lula recurra en libertad una larga sentencia de cárcel generó polémica en Brasil, por el riesgo de que otros políticos acusados por corrupción, así como asesinos y violadores, se beneficien del mismo trato. El debate jurídico confronta, por un lado, la presunción de inocencia, invocada por la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y, por el otro, el temor a la impunidad.
El STF prohibió el 22 de marzo detener a Lula, al menos hasta el 4 de abril, ya que antes quería que el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), que lo condenó en segunda instancia, respondiera los últimos recursos de la defensa. Tras la decisión de los tres jueces de Porto Alegre, el STF tendrá la última palabra sobre la libertad o encarcelamiento del ex mandatario.
La Corte debatirá sobre si las condenas deben ejecutarse tras agotar los recursos de segunda instancia. El STF asentó esa jurisprudencia en 2016.
Doctrina Lula. Para el juez Sergio Moro, figura emblemática del Lava Jato, un fallo favorable a Lula “sería un desastre muy grande, porque llevaría a la impunidad, especialmente de los poderosos”, declaró en el programa Roda viva, de TV Cultura.
Un día después de la decisión del STF, el viernes 23, un fiscal de Brasilia pidió, y obtuvo, la liberación de un presunto ladrón de coches en prisión preventiva, citando la “doctrina Lula”. “Si esa regla de que alguien no puede ser detenido por cualquier atraso de la Justicia vale para el ex presidente Lula, debe valer para todos”, adujo el procurador Valmir Soares Santos.
Sin embargo, José Roberto Batochio, abogado de Lula, no compartió el diagnóstico de Moro. “Tenemos que reservar el encarcelamiento a los casos de estricta necesidad”, afirmó, al advertir que Brasil tiene la segunda mayor población carcelaria del mundo, con 726 mil presos.
“Si me encarcelan, me convierto en héroe; si me matan, me transformo en mártir, y si me dejan suelto, vuelvo a ser presidente”, proclamó Lula en su caravana por el sur de Brasil. Tras una larga espera, su Día D está por llegar.
Temer se defiende con el libreto del PT
El Palacio del Planalto salió ayer en defensa del presidente Michel Temer, luego de que la Fiscalía detuviera a dos personas de su entorno más cercano en una investigación por corrupción. Según el gobierno de Brasil, las investigaciones buscan retirarlo de la vida pública e impedir que sea candidato en las elecciones de octubre, esbozando el mismo libreto que Lula y el PT. “El atropello de los hechos y de la verdad busca retirar al presidente de la vida pública, impedirle continuar prestando relevantes servicios al país”, rezó el comunicado de Presidencia.
La policía detuvo el jueves a varios allegados de Temer y empresarios por una causa que investiga sobornos a cambio de la concesión de instalaciones portuarias. La operación fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, quien investiga la firma de un decreto, en mayo de 2017, que benefició a compañías de ese sector. La investigación podría implicar una tercera denuncia por corrupción contra el jefe de Estado. Los sobornos habrían sido pagados al abogado José Yunes y al ex coronel João Batista Lima Filho.
