Duque asumió el martes pasado la presidencia de Colombia con más desafíos que cualquiera de sus antecesores. El futuro de los acuerdos de paz con las FARC y la negociación en curso con el ELN, la situación procesal de su jefe político, el ex mandatario y senador Alvaro Uribe, y la crisis humanitaria y diplomática con Venezuela son sus tres retos más urgentes.
La atención de la mayoría de los colombianos apunta a qué pasará con el pacto firmado entre Juan Manuel Santos y la cúpula de las FARC. “El primer reto es el proceso de consolidación de la paz. Duque prometió revisar los términos de los acuerdos. Será muy preciso en los compromisos de las partes y, en especial, del grupo guerrillero. Duque dice que no puede ser que el gobierno cumpla y sea generoso, y que la guerrilla no lo sea”, explicó a PERFIL Ancízar Marroquín, director académico del Instituto de Altos Estudios para la Gestión Pública. Pero esa promesa también genera mucha incertidumbre en la opinión pública, que se pregunta qué pasará con la paz, si los jefes de la guerrilla irán a la cárcel, como prometió el uribismo, o si serán senadores, como estipulan los acuerdos de paz.
Duque envió el viernes una señal sobre cuál será su talante negociador. “Si el ELN tiene verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, debe liberar a los secuestrados de manera rápida y sin condiciones, porque no voy a aceptar como presidente que se intimide con el secuestro o que se convierta en una herramienta para chantajear al Estado”, aseveró en Tumaco, en su tercer consejo de seguridad.
Otro reto del flamante mandatario será detener la violencia contra líderes de derechos humanos y desmovilizados de las FARC. Según la Fiscalía General de la Nación, en 2018 se registraron 1.291 denuncias por amenazas a esos dirigentes. Naciones Unidas, por su parte, confirmó 183 asesinatos a miembros de ese colectivo.
Justicia. El otro dolor de cabeza de Duque será qué pasará con Uribe, líder del Centro Democrático y jefe de su bloque en el Senado. Pese a ser el político más popular del país –y el kingmaker de Duque–, su futuro político está en la nebulosa, pendiente de una citación a indagatoria de la Corte Suprema, que lo acusa de fraude procesal y soborno en una causa vinculada a paramilitares presos. Uribe amagó hace una semana con renunciar a su banca y el grueso de su partido organizó un “operativo clamor” para que continuara en el Senado. En un intento de subir su perfil político, Uribe anunció que presentará el próximo martes un proyecto de ley para agravar las penas y “eliminar beneficios para quienes asesinen, secuestren o lesionen a integrantes de las Fuerzas Armadas”.
Venezuela. El conflicto diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro amenaza directamente a Colombia. Tras el supuesto atentado del sábado pasado, el líder bolivariano acusó a la “oligarquía” de ese país de estar detrás del ataque. “Es una acusación temeraria e irresponsable. Siempre el régimen de Maduro busca un enemigo externo”, confió a este diario Germán Ferrer, diputado venezolano, casado con la fiscal general Luisa Ortega Díaz y exiliado en Bogotá.
Marroquín, en tanto, no cree que Venezuela se lance a una aventura militar contra Colombia. “Supongamos que lo hacen. Inmediatamente Estados Unidos intervendría, llegarían los marines y ahí sí sacarían a Maduro”, afirmó el académico, que explicó que en Colombia “nadie tomó en serio” la acusación de Maduro.
De cualquier modo, Duque tomó ya su primera decisión geopolítica de peso: anunció que Colombia dejará Unasur, tras sostener que ese cuerpo es “cómplice de la dictadura venezolana”. “Vamos a proceder a hacerlo. La nota diplomática está lista, no se ha enviado, pero estamos en un proceso de consultas con otros países que aparentemente desearían tomar el mismo rumbo”, afirmó el canciller Carlos Holmes Trujillo, en referencia a la Argentina, Chile y Perú.
En Colombia hay más de 820 mil venezolanos regularizados, pero la cantidad de inmigrantes superaría el millón y medio. Las autoridades creen que esa tendencia continuará en aumento si se agrava la crisis política, económica y social en su país vecino, que comparte con Colombia 2.200 kilómetros de frontera. Para Duque, será clave garantizar salud, educación y la inserción de los venezolanos que crucen el Puente Internacional Simón Bolívar.
Ex funcionario se defiende por Odebrecht
El ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia (ANI), Luis Fernando Andrade, que está en prisión domiciliaria por recibir sobornos de Odebrecht, denunció ayer que la Fiscalía colombiana lo imputó “sin ningún fundamento”. “Me preocupa la infundada persecución de la Fiscalía y la parcialización que favorece intereses contrarios a los de la nación. En la obra Ruta del Sol II me han imputado cargos sin ningún fundamento, como ya se ha demostrado por testimonios rendidos bajo juramento en la Corte Suprema, Procuraduría y Fiscalía”, afirmó Andrade en una carta.
La Fiscalía anunció que le imputará nuevos cargos por “interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y Africa, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares.
