Singapur implementó un plan poco ortodoxo para combatir la pandemia de coronavirus, pero que resultó muy efectivo. Un equipo de detectives, conformado por policías, militares y funcionarios del ministerio de Salud, rastrean la cadena de contagios del Covid-19, contactan a los primeros infectados, los interrogan y, luego, salen a la caza de las personas que estuvieron en contacto con ellos. La “task force” logró frenar y ralentizar la propagación del brote en Singapur, donde por el momento se reportaron 558 casos confirmados y solo dos muertes.
A diferencia de América Latina, Singapur sintió el embate de la pandemia mucho antes. El 23 de enero se reportó el primer contagio. Desde ese momento, las autoridades optaron por correr junto al virus o delante de él, para ralentizar la propagación, aislando a los infectados y a sus contactos cercanos. Sin ordenar la cuarentena total de la población ni el cierre del país, implementaron una enorme tarea detectivesca.
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Más de 6.000 personas fueron rastreadas y contactadas mediante el reconocimiento facial a través de cámaras de seguridad y el análisis de metadatos (consumos de tarjetas de crédito, geolocalización de celulares, apps). La investigación policial se inicia con una simple llamada telefónica a una persona sospechada de estar en contacto con un infectado, a la que se somete a un exhaustivo interrogatorio, no sólo para confirmar si estuvo en riesgo, sino también para saber con qué personas interactuó y rastrear el eslabón de posibles contagios.
El plan de Singapur es exitoso por dos motivos principales: su férrea y extendida cibervigilancia; y la obediencia de la población, que acata las instrucciones y accede a colaborar con las autoridades. En diálogo con la BBC, uno de los “detectives anti pandemia”, Conceicao Edwin Philip, reveló algunas claves del rastreo de personas expuestas al virus: “Una vez recibimos los resultados de laboratorio de un caso positivo, tenemos que cancelar todo y trabajar hasta las tres de la mañana. Al día siguiente, retomar todo de nuevo”. Cuando dibujan la ruta del contagio, le entregan la información a personal del Ministerio de Salud que continúa con el proceso. “Sin esta primera pieza, no se puede conectar nada. Es como un rompecabezas, hay que armarlo por completo”, asegura.
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Cien agentes de policía toman la siguiente posta. Observan imágenes de cámaras de seguridad, analizan datos e interrogan a personas para rastrear contactos cuyas identidades no se conocen, entre ellas los pasajeros de un taxi que pagaron en efectivo y no lo contrataron a través de una app.
Pero el esfuerzo detectivesco no termina en las autoridades, sino que también involucra a los vecinos. El gobierno lanzó el viernes pasado una aplicación móvil, llamada TraceTogether, que, una vez bajada al celular, permite a la ciudadanía a “ayudar proactivamente” en la búsqueda de casos sospechosos. La app funciona emitiendo señales de Bluetooth entre teléfonos inteligentes, para detectar a otros usuarios que estén próximos (entre dos y cinco metros de distancia). Esas señales son almacenadas en los teléfonos y compartidas con las autoridades solo si el Ministerio de Salud lo requiere. Si los usuarios se niegan a cooperar, pueden ser imputados y recibir una multa de 9.600 dólares o penas de hasta seis meses de prisión.
La investigación policial es tan exhaustiva que cada paciente que da positivo es identificado con un número (por ejemplo: Caso 24) y sus datos personales. Para Singapur, la receta es un férreo control social orwelliano. El Gran Hermano anti pandemias ya llegó.
