En nombre de la “pluralidad de ideas”, la Justicia brasileña avaló ayer la decisión de Jair Bolsonaro de que las Fuerzas Armadas conmemoren el golpe de Estado de 1964, del que hoy se cumplen 55 años. Una jueza federal descartó una cautelar que el jueves había prohibido que los militares realizaran actos recordatorios del derrocamiento de João Goulart, tal como había ordenado Bolsonaro esta semana. La magistrada interpretó que la línea que la cúpula castrense bajó a los cuarteles no conlleva “ninguna connotación o idea” que implique una “violación a la memoria y la verdad” sobre la última dictadura ni una “afrenta al Estado democrático de derecho”.
La resolución judicial representa un triunfo para las Fuerzas Armadas y un argumento a favor del relato sobre el golpe que buscan instalar. Los militares creen que Bolsonaro debería moderar su discurso negacionista y desafiante sobre los “años de plomo”, pero al mismo tiempo aprovechan el clima político para volver a desplegar su idea de que el derrocamiento de Goulart fue un acierto histórico.
Cuando era diputado, Bolsonaro se hizo famoso por reivindicar el terrorismo de Estado y defender a torturadores. Consecuente, el presidente brasileño ordenó esta semana que los principales cuarteles del país hicieran las “conmemoraciones debidas” por la “fecha histórica” del 31 de marzo de 1964.
“Lo que intenta Bolsonaro con estas provocaciones es apenas crear un factoide para desviar la atención de su incapacidad para gobernar –dijo a PERFIL Jair Krischke, presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos–. Pero desde hace años, los generales están más bien preocupados por cuidar sus biografías, por lo que son muy cuidadosos. Saben que cuanto menos se hable de los crímenes de la dictadura, mejor. Por eso los comandos de las tres fuerzas acordaron esta semana un mensaje único y con un tono bastante diplomático”.
Aunque Bolsonaro no es considerado por los militares un miembro natural de la “familia castrense”, las Fuerzas Armadas son el principal sostén de su gobierno y un factor de moderación sobre el presidente. Según Estadão, los generales de reserva que integran el gabinete pidieron cautela en el tono oficial sobre 1964, a fin de evitar molestias innecesarias en un momento de rispidez política y mientras ocurren las cruciales negociaciones parlamentarias sobre la reforma jubilatoria. La conducción militar procuró que el mensaje de hoy fuera más “suave” de lo que suele expresar el bolsonarismo duro.
Sin embargo, la orden del día enviada a los cuarteles hace una defensa contenida del golpe contra Goulart. Firmado por el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, y por los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, el texto reedita la narrativa de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas posterior a 1985, según la cual Goulart habría sido depuesto bajo principios constitucionales y de acuerdo con el deseo de la mayoría de la población.
El documento no dice la palabra “dictadura” ni menciona los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen militar, que desapareció a más de 400 militantes políticos. Sostiene, además, que el golpe de 1964 se hizo con la Constitución en la mano. “El 31 de marzo de 1964 estuvo inserto en el ambiente de la Guerra Fría –afirma el texto–. Las familias en Brasil estaban alarmadas. Ante un escenario de graves convulsiones, fue interrumpida la escalada en dirección al totalitarismo. Las Fuerzas Armadas, atendiendo el clamor de la amplia mayoría de la población y de la prensa, asumieron el papel de estabilización de aquel proceso”.
En Brasil, las Fuerzas Armadas pretenden instalar una discusión historiográfica –y lejos de la escena pública– sobre la naturaleza del golpe, al que consideran una “revolución democrática”. La orden del día circulada ayer concluye con una defensa de la ley de autoamnistía de 1979, “pacto de pacificación” que habría habilitado la transición hacia “una democracia que se enriqueció con los aprendizajes de aquellos tiempos difíciles”.
Tras la orden de Bolsonaro de conmemorar el golpe, la Procuraduría de los Derechos del Ciudadano (PDC) emitió el martes una nota en la que advirtió que la decisión es “incompatible con el Estado democrático de derecho” y “reviste una enorme gravedad constitucional” que merece “repudio social y político, sin perjuicio de repercusiones jurídicas”.
“Este espíritu celebratorio de la dictadura es preocupante, aunque se restringe a pequeños grupos –señaló a Este diario la fiscal Eugênia Gonzaga, miembro de la PDC–. Aunque la población en general sea conservadora, casi nadie festejaría actos de tortura, asesinato o desaparición. Ni siquiera las Fuerzas Armadas, pese a que no haya autocrítica de su parte”.
En la noche del jueves, una jueza de Brasilia aceptó un pedido cautelar de la Defensoría Pública de la Unión para prohibir los actos recordatorios en los cuarteles, que también incluirían desfiles y formación de tropas en los mayores comandos del país. Pero otra magistrada federal volteó ayer ese recurso. “El Estado de derecho presupone pluralidad de ideas y proyectos”, consideró.
En 2011, Dilma Rousseff, ex militante torturada durante la dictadura, había ordenado que los comandos de las Fuerzas suspendieran cualquier acto recordatorio del golpe.
