Un equipo interdisciplinario que funciona bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería está auditando los millonarios contratos firmados durante el kirchnerismo para construir grandes obras hidroeléctricas.
La prioridad, como era de esperar, es revisar todo lo actuado en torno a la instalación de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz. Se trata del emprendimiento más costoso licitado por el Estado en los últimos 25 años y fue adjudicado por el gobierno de Cristina Kirchner a una UTE liderada por la firma cordobesa Electroingeniería, la compañía china Gezhouba e Hidrocuyo.
Diagnóstico. La orden que bajó de Casa Rosada es clara: quieren contar lo antes posible con un diagnóstico preciso para definir sobre la continuidad o no del proyecto, cuestionado desde distintos sectores que denuncian falta de transparencia durante el proceso licitatorio y que el elevado costo de las centrales –inicialmente fueron valuadas en alrededor de US$ 4.500 millones, aunque el presupuesto actualizado se acercaría a los 5.500 millones– no se condice con la cantidad de energía que generarán.
El primer obstáculo con el que se topó el Gobierno fue la dispersión de la documentación relativa al proyecto dentro de distintas dependencias públicas. “Hubo consultas interministeriales para juntar materiales sobre lo que se firmó”, explicaron allegados a Presidencia.
La polémica se avivó los primeros días de enero cuando Mauricio Macri recibió a Cristine Mc Divitt, viuda del filántropo ecologista fallecido días atrás Douglas Tompkins, y a Sofía Heinonen, de la ONG Conservation Land Trust, a quienes consultó su opinión sobre las represas.
Algunas versiones periodísticas indicaron que el Presidente les habría adelantado la intención oficial de parar su construcción.
Sin embargo, la decisión en el seno del Gobierno no está tomada. Aún se están evaluando los pro y contra de una definición de ese tipo.
Funcionarios que responden a Juan José Aranguren están abocados a ese análisis. Jorge Martolini, subsecretario de Energía Hidroeléctrica, recibió en las últimas dos semanas a autoridades de Santa Cruz para discutir cuestiones contractuales y de avance de obra. También recibió a representantes empresariales. De esas reuniones participaron también otros laderos de Aranguren como Daniel Redondo, secretario de Planeamiento Energético, y Alejandro Sruoga, de Energía Eléctrica, según indicaron a PERFIL fuentes santacruceñas.
Los funcionarios ya identificaron varios aspectos del proceso licitatorio con los que no están de acuerdo. Por ejemplo, el consorcio liderado por Electroingeniería tiene la potestad para definir el “proyecto ejecutivo” de la iniciativa. Es decir, puede elegir cuál es la ingeniería más conveniente con tal de incorporar obras adicionales que terminan impactando en los costos.
“Por lo general, el proyecto ejecutivo está definido en el pliego licitatorio para no darle esa margen de acción a los concesionarios. Si no, se torna muy complejo controlar los costos”, explicó un ex funcionario de Energía.
Entre las anomalías técnicas detectadas figura la inconveniencia de construir una nueva línea de transporte de alta tensión de 500 Kw hasta Santa Cruz con un costo cercano a los US$ mil millones. Las represas tendrán una potencia de 1740 megawatt (Mw) de electricidad. La capacidad de transporte actual no es suficiente para llevar hasta los grandes centros urbanos esa cantidad de energía.
Técnicos de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, están buscando alternativas para evitar tender una nueva línea, pero a priori es difícil que lo logren. Desde Electroingeniería evitaron realizar declaraciones al respecto
