El pool conformado por el Banco de Desarrollo de China (CDB), el ICBC y el Bank of China Limited (BOC) lleva girados al país alrededor de US$ 400 millones. Frenar el proyecto gatillaría cláusulas de seguro que rondarían los US$ 1.500 millones. Lo saben los dueños de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, quienes impulsaron una intensa campaña en defensa de las represas argumentando que frenarlas bloquearía nuevos créditos de Beijing. En el Ministerio de Energía piensan lo mismo. El costo de salida tal vez sea demasiado alto. Y la tasa de los contratos (Libor+ 3,8%) no es mucho más alta que lo que puede conseguir hoy el Gobierno. “China prevé financiar otras obras importantes en el país. Aranguren está al tanto. Aunque en el plano técnico hay varios puntos deficitarios con relación a otros proyectos hidroeléctricos, hay otras variables en juego”, explicó un funcionario provincial que visitó el Ministerio de Energía.
Por eso en estos días cobró fuerza la posibilidad de recomendar a Casa Rosada la continuidad del proyecto, con correcciones. La decisión final será del propio Macri, quien deberá optar por frenar una polémica y costosísima obra, presentada como un emblema del kirchnerismo o mantener la relación con un importante socio comercial y fuente crediticia. Tener las dos cosas juntas no parece posible.
