“No es un presidente, es un delincuente”. “No es un presidente, es un delincuente”. El grito, unánime retumbaba ayer en las calles de Managua, en una manifestación convocada por la oposición en Nicaragua, que protesta hace tres meses contra el gobierno de Daniel Ortega. En ese lapso, las fuerzas policiales, militares y parapoliciales, que responden al Ejecutivo, asesinaron a 351 nicaragüenses y, además, hirieron a 2 mil personas, en una brutal represión denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que agrupa a estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil, llamó a continuar “la lucha cívica” y “manifestarse pacíficamente”. Los asistentes protagonizaron dos marchas. Una de ellas, llamada “Solo el pueblo salva al pueblo”, se inició en la capital del país, mientras que la segunda, “Masaya Florecerás”, comenzó en el barrio de Monimbó, bastión de los rebeldes que fue atacado en las últimas semanas por el gobierno. Ataviados con banderas de Nicaragua y carteles con el rostro de las víctimas, cientos de personas exigieron la renuncia del mandatario. “¡Pueblo, únete!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Libertad para los presos políticos!”, fueron las consignas más gritadas por los manifestantes.
Ortega, en tanto, llamó a sus seguidores a mantener “mecanismos de autodefensa” para evitar un intento de “golpe de Estado” en su contra. En reacción a las dos iniciativas opositoras, el gobierno organizó una caminata denominada “Justicia para las víctimas del terrorismo”, con miles de funcionarios recorriendo la Avenida de Bolívar a Chávez, en repudio a las “acciones criminales del terrorismo golpista”, como llama a las protestas de la oposición. La marcha, arropada por abundantes banderas rojinegras, del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se realizó bajo una fuerte custodia policial.
Críticas. El gobierno de Ortega fue acusado por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de perpetrar “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”. Según Azahálea Solís, delegada al Diálogo Nacional y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, “hay un genocidio” en Nicaragua. “Están matando a un pueblo desarmado”, confió a PERFIL (ver entrevista aparte).
En un descabellado intento de victimización, la vicepresidenta Rosario Murillo –esposa de Ortega– acusó a la oposición de “matarse” unos a otros para culpar al gobierno. Ortega, por su parte, acusó el jueves a los obispos, mediadores en la Mesa de Diálogo Nacional, de participar en un “golpe de Estado”.
Iglesia. La Conferencia Episcopal había propuesto adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, reformar la Constitución y la Justicia Electoral, controlada por el oficialismo. Tras la acusación de Ortega, la Iglesia guardó silencio. “Vamos a meditar las palabras del señor presidente y luego vamos a tomar una decisión”, expresó el cardenal Leopoldo Brenes, designado en 2014 por el papa Francisco. El divorcio de Ortega con la máxima jerarquía eclesiástica quedó evidenciado la semana pasada, tras el ataque a balazos de fuerzas policiales a una parroquia de Managua, donde estaban atrincherados 200 estudiantes. “No permitiremos que se criminalice el accionar de los obispos en su rol de mediadores y se les tilde de ‘golpistas”, respondió la Alianza en un comunicado.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980. Las protestas comenzaron el 18 de abril pasado, tras una fallida reforma a la seguridad social. Ortega, duramente cuestionado por miles de nicaragüenses, escuchó ayer una consigna que nunca imaginó en los 70 y los 80. En las calles de Managua atronó un grito unívoco: “Ortega y Somoza son la misma cosa”.
EE.UU. aplicaría sanciones
Estados Unidos evalúa aplicar sanciones económicas a Nicaragua, aseguró ayer en Buenos Aires el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en medio de críticas de Washington a la violenta represión del gobierno de Managua a las protestas en su contra. “En general no comentamos sobre futuras sanciones, pero es razonable pensar que es algo que consideraríamos”, respondió el funcionario de Donald Trump antes del inicio de las deliberaciones entre ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20.
Washington instó al gobierno de Daniel Ortega, un ex guerrillero de 72 años que gobierna desde hace once años de forma autocrática, y a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que integran grupos de la sociedad civil, a reanudar el paralizado diálogo que se inició el 16 de mayo.
Impulsada por Estados Unidos, la OEA condenó el miércoles pasado la represión de las manifestaciones y llamó al gobierno a acordar un calendario electoral con sus opositores. El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que “todas las opciones están sobre la mesa” para buscar que “Nicaragua regrese a la democracia”. Al ser consultado sobre si eso incluía una opción militar, respondió: “En este momento, no”.
