Trece países latinoamericanos, entre los cuales está la Argentina, expresaron este lunes su condena y rechazo a la represión y violación de derechos humanos en Nicaragua, en el marco de la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y la UE que se celebra en Bruselas. La denominada "Declaración especial sobre la situación de la República de Nicaragua" fue suscrita por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, en el marco de la reunión de ministros de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea (UE) y fue dada a conocer en San José por la cancillería costarricense.
Los países firmantes expresaron en un comunicado su preocupación "por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales". Asimismo, condenaron "los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos". Los cancilleres también rechazaron "la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos".
Entre tanto, la OEA (Organización de Estados Americanos) abordará la crisis en Nicaragua este miércoles por tercera vez en una semana. El grupo de siete países que, con Estados Unidos a la cabeza, busca la aprobación de una resolución que exhorta al presidente nicaraguense Daniel Ortega a apoyar un "calendario electoral" en el país centroamericano solicitó hoy una nueva reunión extraordinaria del consejo permanente.
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La cita es el miércoles a las 11 de la mañana en la sede en Washington. Junto a Estados Unidos, los convocantes son Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. "La violenta represión del Gobierno a través del uso de maras sandinistas es inaceptable. Estados Unidos hará rendir cuentas a los violadores de derechos humanos", dijo el domingo en Twitter el embajador de este país ante la OEA, Carlos Trujillo, tras los nuevos episodios de violencia en Nicaragua.
Entre ellos está el asedio a la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), el último bastión de la resistencia estudiantil, por parte de grupos armados leales a Ortega que también atacaron otros lugares. Numerosos países americanos rechazaron estos nuevos ataques durante los últimos días. "Cada víctima adicional de esta campaña de violencia e intimidación sigue minando la legitimidad de Ortega", manifestó Estados Unidos a través del Departamento de Estado, en un comunicado en el que llamó al ex guerrillero sandinista a "poner fin inmediatamente a su represión" a su pueblo.
"El Gobierno de Nicaragua debe atender inmediatamente la llamada del pueblo nicaragüense a reformas democráticas. Elecciones anticipadas, libres, justas y transparentes son el mejor camino para regresar a la democracia y a los derechos humanos en Nicaragua", agregó. La resolución que hay desde el viernes sobre la mesa en la OEA exhorta al Gobierno de Ortega a "que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional".
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Esta vuelve el miércoles allí, justo el día en el que se cumplen tres meses de protestas contra Ortega con un balance de muertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 273 y organizaciones de dentro del país elevan a más de 300. "La condición para cualquier salida a la crisis en Nicaragua es el respeto a la vida y el rechazo de la violencia y represión", manifestó por su parte el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, en Twitter.
Abrao y la CIDH están actuando con referentes tanto para la comunidad internacional como para la propia población nicaragüense. La Comisión tiene sobre el terreno al Mecanismo Especial de Seguimiento (MESENI) que creó para monitorear la situación en el país centroamericano y al equipo de expertos internacionales, el llamado GIEI, cuya formación impulsó para investigar la violencia allí tras su visita de mayo a Nicaragua.
En el informe más reciente, que Abrao presentó ante el consejo permanente de la OEA el 22 de junio, la CIDH denunció un deterioro y una profundización de la grave crisis de derechos humanos en el país e instó a la comunidad internacional a pronunciarse y exigir a Ortega que ponga fin inmediato a la represión y las violaciones de los derechos humanos.
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