El gobierno peruano anunció en la ONU la creación de una Comisión Multisectorial para atender a 111 deudos de los fallecidos en las "movilizaciones" del 2022-2023 en Perú. Raffaele Morgantini, de la ONG "Centro Europa-Tercer Mundo" intervino durante el debate en Ginebra y pidió "la liberación" del expresidente Pedro Castillo.
Al presentarse frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para celebrar su «Examen Periódico Universal» (EPU), ese escrutinio «entre pares» que los 193 Estados miembros deben observar cada 5 años, el gobierno peruano de Dina Boluarte aceptó 194 de las 202 recomendaciones formuladas por los demás países. Para cada una de ellas, la regla original era definirse por "sí" o por "no", para encauzar el seguimiento del cumplimiento por la ONU.
Sin embargo, bajo el ambiguo artilugio del "toma nota", Perú rechazó parcialmente 6 recomendaciones, dando explicaciones escritas susceptibles de asumir la única controversia del informe adoptado en Ginebra. Las diferencias se concentran en temas de género, salud sexual y aborto. Resulta evidente que la voz de sectores sumamente conservadores de la sociedad van ganando cada vez más terreno, particularmente en la actual composición del parlamento, desde donde se impone buena parte de la agenda política al ejecutivo.
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Por orden cronológico, la primera recomendación formulada por Noruega, exhortó al Perú a «derogar la Ley 31498, y velar por la implementación de la educación sexual integral en todo el país desde una perspectiva interseccional que abarque el género, la interculturalidad y los derechos humanos». El gobierno la rechazó «por ser una medida que requiere una evaluación de manera integral», punto de discordia para con la mirada externa dominante del informe.
La segunda recomendación cuestionada por Lima la propuso Finlandia. Instó a "despenalizar el aborto en todas las circunstancias y seguir fortaleciendo el acceso de las víctimas de violencia sexual a los servicios de la salud sexual y reproductiva". El gobierno declinó pronunciarse sobre la despenalización del aborto. No obstante, apoyó "seguir fortaleciendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para las víctimas de violencia sexual".
La tercera recomendación puesta en crisis por las autoridades peruanas fue la de «garantizar el acceso de todas las mujeres y niñas a información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la posibilidad del aborto legal y seguro», planteada por Estonia. El gobierno Boluarte convalidó la garantía del «acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva», eludiendo referirse a «la posibilidad del aborto legal y seguro».
La cuarta iniciativa, también impugnada en parte por el Perú, y la segunda presentada por Noruega, requería «despenalizar el aborto y elaborar y aplicar protocolos integrales de atención sanitaria para salvaguardar la salud sexual y reproductiva y derechos conexos, haciendo especial hincapié en las menores de 15 años con embarazos imprevistos». La respuesta gubernamental esquivó definirse sobre la despenalización del aborto, apoyando el resto de la recomendación.
La quinta recomendación elaborada por Grecia, alentaba al Perú a "considerar la posibilidad de legalizar el aborto en casos de violación, incesto, amenazas para la vida o la salud de la mujer embarazada o malformaciones fetales graves, y despenalizarlo en todos los demás casos". Los responsables políticos del país concernido aceptaron que el aborto se legalizara "en casos de violación, incesto, amenaza a la vida o la salud de la mujer embarazada, o malformación del feto", sin que se pudiera despenalizar "en todos los demás casos"
La sexta recomendación concebida por Francia proponía al Perú ratificar «el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, y garantizar el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva y derechos conexos». De momento, Lima la descartó porque una ratificación "requiere realizar un análisis detallado a fin de asegurar que se consolidan los compromisos de combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar conforme al mandato de los tratados sobre dicha materia, la legislación nacional y las políticas y programas vigentes".
Al tiempo, 2 otras recomendaciones fueron excluidas totalmente por Lima, llevando a 8 el número de las rebatidas. Fueron la de Montenegro, para «aprobar la nueva política de prevención y atención de la violencia de género 2022-2027», en virtud que el Perú advirtió ya cuenta «con una Política Nacional de Igualdad de género». Y la de Costa Rica, que añadía a los argumentos de todas las anteriores, "erradicar los estereotipos basados en los roles y responsabilidades de género, mediante un nuevo plan nacional, dotado de presupuesto, perspectiva de derechos humanos, que incluya programas de capacitación para todos los funcionarios públicos, incluidos los judiciales». El gobierno consideró suficiente el "Programa Presupuestal que recoge 74 servicios a cargo de 7 entidades".
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Por otra parte, las recomendaciones sobre las secuelas de las protestas que agitaron el fin de año pasado y el comienzo del presente, en torno a la destitución y encarcelamiento del Presidente Pedro Castillo, causando 61 fallecidos por la represión policial, transmitida en directo por la televisión, fueron todas aceptadas por el gobierno en el sentido de esclarecer judicialmente lo sucedido. No dejaron lugar a desmentidos o acusaciones.
No obstante, 16 países pronunciaron comentarios suplementarios en el debate del presente EPU, tal vez una manera de reforzar sus alegaciones y subrayar la urgencia ineludible de esclarecer lo acontecido en esas protestas y hacer justicia (Noruega, Paraguay, Polonia, la Federación de Rusia, Eslovenia, Suiza, Estados Unidos, la República Bolivariana de Venezuela, Australia, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia e Iran).
El gobierno asumió confrontarse a una situación "difícil y volátil". Escribió que hubo «una ruptura del orden constitucional, seguida de una rápida reacción de las instituciones democráticas, que había concluido con una sucesión presidencial conforme a la Constitución del país. Desde entonces, se han producido convulsiones sociales que habían causado pérdidas humanas». Anunció el inicio de «investigaciones fiscales» sobre la muerte de 18 personas y lesiones de 14».
Precisó que «se estaban llevando a cabo investigaciones que abarcaban el periodo de violencia comprendido entre 1980 y 2000, así como los casos actuales». Concluyó que «deploraba el uso indebido de la violencia por parte de un grupo minoritario entre los manifestantes», que «hubiera distorsionado las demandas y necesidades de importantes sectores de las poblaciones más vulnerables, que habían estado marginados estructuralmente». No hubo condenas a la represión ejercida por uniformados y civiles no identificados, exhibidas en directo al mundo entero por TV.
