Más de 272 mil ligaduras de trompas y unas 22 mil vasectomías se realizaron sin consentimiento y sin conocimiento durante el mandato de Alberto Fujimori, desde el 1990 al 2000, en Perú. Después de años de impunidad se fijó la fecha para su juicio, que será el 1 de marzo.
Estas acciones fueron realizadas a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas del país, el Programa Nacional de Planificación Familiar. Fujimori defendió su política bajo el argumento de que sería un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos, en donde se incluía la entonces ilegal esterilización quirúrgica.
Las víctimas eran principalmente de distintas comunidades indígenas del país, de origen humilde y hablantes del quechua, por lo que no entendían el consentimiento que firmaron, dado que estaba escrito en español. Cerca de 2.073 mujeres denunciaron que se les ligaron las trompas forzadamente ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. Según la agencia de noticias Europa Press, hoy en día en los tribunales aún hay 1.307 denuncias pendientes.
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Actualmente, el exmandatario peruano está cumpliendo una condena de 25 años de prisión y la Justicia peruana también acusó del crimen a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, según informó la agencia de noticias AFP. La vista había sido aplazada hace dos semanas después de que el proceso judicial no contara con intérpretes de la variante del quechua en el que se expresaban algunas de las mujeres que fueron citadas a declarar.
Testimonios
Josefina Quispe tenía 33 años y 5 hijos cuando fue sometida a un tratamiento de anticoncepción definitiva sin su consentimiento. Despertó de la anestesia confundida, tumbada en una camilla del hospital, con todo el cuerpo dolirido y con una cicatriz en el abdomen. Empezó a preguntar qué le habían hecho, pero nadie le respondió.
Mamérita Mestanza Chávez tuvo un caso muy conocido, ya que fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ella tenía 33 años y había dado a luz a su séptimo hijo cuando las enfermeras del centro de salud al que asistía insistían en que se realizara controles de su bebé. Afirmaban que si no accedía a la ligadura de trompas le pondrían multas o la encarcelarían. Y así fue como la operaron sin haberle realizado estudios previos ni brindarle ningún tipo de atención postoperatoria. Murió a los ocho días de la cirugía, dejando siete hijos huérfanos.
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Victoria Vigo cuenta que tenía 32 semanas de embarazo y no se sentía muy bien, razón por la cual fue a ver a su médico. "Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia". Pero su bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después. "Había un médico tratando de consolarme diciendo: 'No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'", pero otro médico lo contradijo: "No puede tener más hijos. La hemos esterilizado".
"Yo quería tener más hijos, pero esa elección me fue quitada sin mi permiso", se lamentó Vigo, quien un año después empezó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones y, luego de años de disputa legal, en 2003 cobró una compensación de 2.500 dólares. Vigo, que fue la única que recibió una compensación, cree que únicamente lo consiguió porque es de clase media, tiene estudios y habla español.
Ante la justificación de Fujimori, Rosemarie Lerner, la directora del proyecto Quipu que recoge y comparte testimonios de víctimas de ese programa fujimorista, expresó su opinión. "La verdad es que, en lugar de promover una variedad de métodos anticonceptivos, había objetivos, cuotas y un número de esterilizaciones que el personal de salud tenía que lograr", explicó en una entrevista con la BBC. Al mismo tiempo, la congresista peruana Tania Pariona coincidió y afirmó en diálogo con la revista Nueva Sociedad, que "existió una cadena de mando para la implementación de dicha política" y afirmó que "se ofrecía una comisión de 30 dólares por cada paciente que esterilizaban con fines de cumplir metas".
PM CP
