Tras el trabajoso acuerdo con Repsol, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner selló esta semana su amistad con su par de México, Enrique Peña Nieto, al que le agradeció telefónicamente “el preponderante rol” que tuvo en la negociación. El líder del PRI, que volvió al poder tras doce años, juega fuerte en los dos tableros del mundo energético: mientras a nivel internacional oficia de interlocutor entre la Casa Rosada y Antonio Brufau, en su país busca privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), la poderosa petrolera estatal.
El inesperado nuevo amigo cobró notoriedad en Buenos Aires y en Madrid porque posee el 9,49% de las acciones de Repsol y ostenta un lugar en su consejo directivo. Por eso, Emilio Loyoza, CEO de Pemex, presionó para que el gobierno argentino y la petrolera española acordaran una indemnización de cinco millones de dólares por el 51% de las acciones expropiadas. Paradójicamente, los grandes beneficiados fueron mexicanos: Pemex, interesado en explotar el yacimiento de Vaca Muerta, y Carlos Slim, propietario del 8,4% de las acciones de YPF y de fluidos vínculos con los Kirchner.
Mientras exhibe un considerable liderazgo a nivel internacional, Peña Nieto negocia en las dos Cámaras del Congreso de su país la polémica reforma energética, que terminará con el monopolio estatal de los hidracarburos. El “golden boy” de la política mexicana quiere votar la medida antes de fin de año, para atraer más inversiones y evitar que aumenten las tarifas eléctricas y de gas. Para eso, necesita que el Senado y Diputados autoricen a modificar los artículos 27 y 28 de la Carta Magna. “A final de cuentas, se necesita un nuevo andamiaje jurídico que haga de México una potencia energética”, argumentó el jefe de Estado al lanzar su propuesta.
Su estrategia fue hábil. Convocó a los dos partidos de oposición, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), a discutir un paquete de 95 ambiciosas reformas, bautizado como el Pacto por México. Así, modificó el sistema educativo y las regulaciones a las telecomunicaciones. Pero el ingreso de capital privado a Pemex fue el límite que la fuerza de Andrés López Obrador, que se retiró del diálogo esta semana, no quiso traspasar.
En el plan privatizador, Loyoza es el brazo ejecutor de Peña Nieto. Según él, si no se aprueba la reforma, la empresa se endeudará. Pemex necesita 62 mil millones de dólares de inversión y actualmente sólo cuenta con 25 mil millones. Además, la producción de petróleo de México cayó en picada: pasó de 3.184.000 barriles por día en 2008 a menos de tres millones en 2012.
“Peña tiene ahora una oportunidad de oro para redimirse y reavivar el ánimo del sector privado. La reforma más urgente es del sector energético. Petróleo y gas han sido un monopolio estatal desde 1938, con resultados desastrosos”, publicó esta semana The Economist.
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ex presidente Lázaro Cardenas, calificó la reforma como “antipatriótica y entreguista”, al tiempo que rechazó la “falaz y ofensiva” utilización que el gobierno hace de la figura de su padre, que fue quien estatizó los hidrocarburos.
De cualquier modo, Peña Nieto, de 47 años, busca transformar la matriz energética de su país, estrechamente vinculada a su concepción de soberanía. Para eso, deberá exhibir las mismas dotes de negociador que tuvo en el acuerdo de Repsol con YPF.
Primer año de gobierno, entre luces y sombras
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cumple hoy su primer año en el poder, en medio de elogios de otros gobiernos por las reformas económicas que impulsó en el Congreso, pero también castigado por duras críticas de la oposición debido a la coyuntura económica y la inseguridad.
Las reformas en materia de educación, telecomunicaciones e impuestos lo catapultaron en la escena local e internacional como un político con iniciativa. Sin embargo, el desaceleramiento del Producto Bruto Interno (PBI), que este año creció al 1,3%, desacreditaron su gestión económica.
En la guerra contra el narcotráfico, el gobierno sostiene que su estrategia comienza a dar frutos y que hay “una reducción de la violencia”. Sin embargo, la cantidad de secuestros alcanzó una cifra récord –1.500– este año y las ejecuciones y extorsiones de los carteles están a la orden del día.
