La prisión domiciliaria que cumple desde este 4 de agosto el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, generó temores en el mundo político y empresarial. Para los juristas brasileños y varios del exterior, la medida tomada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, está plenamente justificada, debido a que el ex mandatario no cumplió ninguna de las exigencias impuestas mientras dure el juicio por el delito de intento de Golpe de Estado y por sospechas de promover el asesinato de Moraes, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del vicepresidente Geraldo Alckmin.
El recelo del establishment brasileño sobre las consecuencias de esta resolución judicial tiene que ver con las reacciones que podrá provocar en el jefe de la Casa Blanca Donald Trump. Es decir que no cuestionan su legitimidad, pero intuyen que la exasperación generada en el mandatario estadounidense irá a impedir cualquier negociación acerca de los aranceles del 50% aplicados a los productos procedentes de Brasil. Ese impuesto aduanero entra en vigencia el jueves 6 de agosto.
Una señal de la dureza en las respuestas de Washington fueron las declaraciones del subsecretario de Estado Cristopher Landau. El funcionario criticó duramente al juez De Moraes, al punto de decir que “los impulsos Orwellianos desenfrenados del magistrado están arrastrando a su Corte y su país al territorio de la dictadura jurídica”. El calificativo “Orwelliano” se refiere al contenido del libro “1984” de George Orwell. Según Landau, “el desafío de ser funcionario es que sus acciones están sujetas a críticas. Esto hace parte del contexto”. Y concluyó que al caracterizar la conducta de Bolsonaro como obstrucción de la justicia, el juez brasileño lo hace tan solo por su propia conveniencia.
En su calidad de miembro del Supremo Tribunal Federal, De Moraes decidió colocarle una tobillera electrónica para impedir una eventual fuga al exterior del acusado. Y además le impuso la prohibición de usar las redes sociales. Pero el último domingo, durante un acto realizado para pedir su amnistía, el ex mandatario quebró esa resolución al enviar videos suyos para los partidarios.
El titular del PT, el partido del presidente Lula, justificó la prisión domiciliaria de Bolsonaro dado que el político no respetó la orden judicial. Recordó que la medida fue adoptada en medio de las investigaciones por el intento de Golpe el 8 de enero de 2023. E Insistió sobre uno de los núcleos de la denuncia: “Objetivamente querían matar a líderes fundamentales de la República: el presidente y su vice”.
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No sólo el vicecanciller norteamericano Landau cuestionó la legalidad de las acciones judiciales contra el ex mandatario brasileño de ultraderecha. También la Oficina de Asuntos Estratégicos del hemisferio occidental apuntó contra el magistrado al decir que “continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar a la democracia”.
Otra de las consecuencias de la prisión domiciliaria contra el ex mandatario fue una suerte de “rebelión” en la Cámara de Diputados por parte de la oposición al gobierno. Un grupo se adueñó del estrado, desde donde son conducidas las sesiones. El líder el Partido Liberal (PL), Sóstenes Cavalcante, sostuvo: “Estamos comenzando una acción en el Congreso, donde ocupaos las mesas directoras de la institución. Y no saldremos de aquí hasta que se busque una forma de resolver el problema de soberanía nacional”. Se refería, claro, a la prisión domiciliaria del líder Bolsonaro.
Los legisladores exigen, también, que debe discutirse un proyecto de ley que amnistíe a todos los detenidos por participar del acto del 8 de enero del 2023. Los parlamentarios oficialistas clamaron por el no tratamiento de semejante proyecto, a los gritos de “Amnistía no”. Y afirmaron que “la extrema derecha quiere impedir el funcionamiento del Congreso”.
