Este miércoles, la Asamblea Nacional de Venezuela oficializó las renuncias de Tarek William Saab a su cargo como fiscal general y de Alfredo Ruiz Angulo como defensor del Pueblo, en una sesión legislativa marcada por la reestructuración del Estado tras la captura y detención de Nicolás Maduro.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, informó que Saab asumirá de forma temporal la Defensoría del Pueblo, mientras que el abogado Larry Devoe quedará al frente de la Fiscalía, en un contexto de transición liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
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Las renuncias ocurren apenas cuatro meses después de que ambos funcionarios fueran ratificados para un período de siete años (hasta 2031). En su carta de despedida, Saab afirmó haber cumplido con "hidalguía y honor" en medio de lo que calificó como "agresiones inimaginables" contra la nación, haciendo alusión a la operación militar de Estados Unidos que el pasado 3 de enero terminó con el arresto de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Por su parte, Ruiz Angulo alegó motivos de salud y familiares para abandonar su puesto. La Asamblea Nacional ya conformó una comisión de 13 diputados que tendrá un plazo de 30 días para evaluar nuevas postulaciones y definir a los titulares definitivos de ambos organismos.
La designación de Saab como defensor del Pueblo encargado generó un rechazo inmediato de organismos internacionales. Human Rights Watch (HRW) calificó el movimiento como una "bofetada a las víctimas", recordando el papel de Saab desde 2017 en la persecución judicial contra la disidencia. "Su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
El nuevo mapa político tras Maduro
Estos cambios no son aislados. Desde que Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro, se ha iniciado un reacomodo en ministerios clave como Defensa, Comunicación e Industrias.
Este reordenamiento en las piezas clave del Poder Ciudadano ocurre en un momento de extrema fragilidad institucional para Venezuela. Mientras el gobierno de transición intenta normalizar sus nexos con Washington, la permanencia de figuras del antiguo esquema en puestos de control genera dudas sobre la profundidad de los cambios.
El futuro de la justicia venezolana dependerá ahora de si la comisión legislativa opta por una renovación técnica e independiente o si, por el contrario, este interinato es solo el preludio de una continuidad bajo nuevas denominaciones.
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