La Corte Suprema brasileña sufrió hoy una división entre sus miembros que puede, tal vez no ahora pero sí en el futuro, beneficiar al ex presidente Jair Bolsonaro. El político, de ultraderecha y detenido preventivamente en su domicilio, es juzgado estos días por delitos vinculados, en esencia, a un Golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva para impedir primero su asunción y luego su continuidad al frente del Palacio del Planalto.
Los dos primeros jueces del Supremo Tribunal Federal que esta semana se expidieron sobre el proceso, Alexandre de Moraes y Flavio Dino, votaron a favor de condenar al “reo”, junto a los 7 aliados que planificaron la intentona, entre el 16 de diciembre de 2022 y el 8 de enero de 2023. Pero el tercer magistrado, Luiz Fux, emitió hoy su voto negativo y pidió la anulación del juicio. Faltan aún expedirse a la ministra del STF Cármen Lúcia y a Cristiano Zanin, que en principio estarían del lado de sus colegas Moraes y Dino. En ese caso, el exmandatario de extrema derecha no se salvará de la prisión.
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Fux expuso razones de procedimiento judicial, al declarar que la Corte es “absolutamente incompetente” para encabezar una acción penal contra Bolsonaro, dado que éste ya no ejerce función pública y, por lo tanto, su juicio debería sustanciarse en los juzgados de primera instancia y no en un “foro privilegiado”. Pero además añadió otro elemento, al decir que el proceso debería recaer en el plenario del STF que tiene 11 miembros, a diferencia del grupo “Primera Clase” que es integrado sólo por 5 jueces.
Por sus propias declaraciones, Fux reveló su postura conceptual negativa acerca de los delitos en que se encuadran los procesados. Para él no hubo ninguna prueba para constatar que fue creada una organización delictiva, tal como se aseveró: “No hay pruebas de que se unieron para formar una entidad autónoma”, con el objetivo de practicar varios delitos.
También se manifestó contrario a calificar otro de los delitos del grupo de acusados como Golpe de Estado y tentativa de abolir en forma violenta el Estado Democrático de Derecho. Esta postura de Fux contrasta con una declaración anterior del propio juez, cuando consideró que “cualquier hecho que apunte a destruir el estado democrático es absolutamente repugnante e inaceptable”.
Con final previsto para el viernes próximo, según los especialistas la tendencia es que se confirme la condena del ex mandatario y sus aliados (entre ellos tres generales y un almirante). Todo indica que la discusión en las próximas horas debe pasar por cuántos años de cárcel corresponde computar.
La expectativa es que sean fijadas penas de entre 25 y 30 años de prisión. De todos modos, la punición de cada uno de los procesados tendrá una evaluación particular.
