El Ejército de Sudán derrocó al presidente Omar Bashir de todos los cargos después de semanas de protestas, informan la agencia Reuters y el medio libanés Al Mayadeen citando fuentes gubernamentales. El ejército sudanés dijo que emitirá en las próximas horas una "declaración importante pronto" en Jartum, capital del país, donde miles de manifestantes mantienen su concentración frente a las oficinas gubernamentales exigiendo la renuncia de Bashir.
Se informó además que se celebró a cabo una reunión de emergencia de las Fuerzas Armadas del país en la que presuntamente se ha creado un consejo interino encabezado por el actual vicepresidente primero, Awad Ibn Auf. Según la agencia rusa Sputnik, vehículos militares que llevaban tropas entraron en la madrugada de este jueves en la sede del Ministerio de Defensa y la residencia oficial de Bashir.
Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se libró del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.
Al menos 60 personas murieron en el marco de la represión gubernamental de las protestas que se suceden desde diciembre de 2018 contra Omar Hassan al Bashir, según informó la organización Physicians for Human Rights (PHR), que denunció que "manifestantes pacíficos son atacados por las fuerzas de seguridad", y que se utiliza "una fuerza desproporcionada, innecesaria y en ocasiones letal".
La organización acusó al gobierno de Bashir de cometer "violaciones masivas de los Derechos Humanos", entre ellas detener a manifestantes sin cargos y negarles el acceso a sus familiares o al tratamiento médico que necesitaban. "Las fuerzas de seguridad evitan que el personal médico atendiera a los heridos y, en muchos casos, arrestaron y detuvieron a este personal, llevado a cabo incursiones y ataques contra instalaciones médicas, e incluso atacaron, hirieron y asesinaron a trabajadores médicos mientras llevaban a cabo sus funciones o participaban en el movimiento de protesta", agregan.
La semana pasada PHR denunció además torturas cometidas contra detenidos durante las protestas y había reclamado al gobierno "que ponga fin inmediatamente a los ataques contra el personal médico, libere a los detenidos contra los que no se han presentado cargos y garantice la protección de las instalaciones médicas". Además, solicitó que "haga rendir cuentas a los miembros del Gobierno y las fuerzas de seguridad que han perpetrado estos crímenes y demande justicia para las víctimas".
Durante las últimas semanas, Al Bashir describió "legítimas" las demandas de los participantes en las manifestaciones, que se redujeron desde que decretara el estado de emergencia en febrero. Además, acusó sin embargo a algunos de los manifestantes de destruir propiedades públicas y privadas y alterar el orden público, al tiempo que acusó a ciertas partes de aprovechar las protestas para lograr una "agenda excluyente".
Al Bashir -en el poder desde que encabezara un golpe de Estado en 1989- responsabilizó de las protestas a "agentes" extranjeros y desafió a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, advirtió de que no permitirá ninguna 'Primavera Árabe', en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.
Las manifestaciones comenzaron en diciembre pasado, después de que el Gobierno decidiera aumentar los precios de los productos básicos. Bashir decretó a finales de febrero el estado de emergencia en el país por un año, que prohíbe cualquier tipo de protestas, y anunció la disolución del Gabinete. Además, pospuso una enmienda a la Constitución que le permitiría volver a postularse para las presidenciales en 2020, cuando expirará su segundo y último mandato.
D.S.
