Luego de décadas de debate, proyectos y vetos, el Senado uruguayo sancionó la ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones.
Con la decisión parlamentaria, el país se convierte en el segundo de Latinoamérica en permitir la interrupción voluntaria del embarazo, después de Cuba, que lo despenalizó en 1965. En el resto de la región, la interrupción del embarazo es también legal sólo en la Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.
La iniciativa fue aprobada con 17 votos de 31, con el respaldo de los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y del senador Jorge Saravia, ex integrante del FA y que actualmente milita en el opositor Partido Nacional, informó la agencia AFP.
El proyecto ya había sido aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados, por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, por lo que ahora solo resta que sea promulgado por el Poder Ejecutivo.
Decisión postergada. El Parlamento puso así fin a décadas de debates sobre un tema que ha dividido a la sociedad uruguaya, tras el fracaso de cerca de una decena de proyectos de legalización del aborto desde 1978.
El más reciente fue en 2008, cuando el Parlamento habilitó la interrupción del embarazo pero la norma fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez, alegando "principios éticos". A diferencia de su antecesor, el presidente uruguayo José Mujica ya anunció que no vetará esta iniciativa.
Alcances de la medida. El proyecto -que implicó una negociación con el Partido Independiente (PI) para lograr los votos en la cámara de Diputados- prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que quiera abortar se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, en ese caso dentro de las 14 semanas de gestación.
El debate enfrentó a quienes defendieron el derecho del embrión con quienes consideraron el proyecto una alternativa a la ineficacia de la ley actual, vigente desde 1938 y que pena con prisión a la mujer que consienta un aborto y a quien colabore con esa práctica.
"Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en Uruguay", dijo el senador del Frente Amplio Luis Gallo, enfatizando que "la sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta".
Según datos de organizaciones no gubernamentales en Uruguay, de un total de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, frente a unos 47.000 nacimientos.
En contra. Desde la oposición, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, cuestionó que "esta es una mala solución a un problema médico social que tiene este país", indicando que instaura un sistema "complejo y dificultoso" y que acceder a una entrevista con un equipo multidisciplinario será "prácticamente imposible" en gran parte del interior del país.
Lejos de debates anteriores, rodeados de manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa, esta vez menos de medio centenar de personas presenció la votación desde las gradas.
Y es que, paradójicamente, el texto finalmente aprobado ha sido cuestionado tanto por los grupos "ProVida" como por la Coordinadora por el Aborto Legal, quienes dicen que no garantiza a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo y que no es el proyecto por el que han peleado tantos años.
Admitiendo que tiene "sentimientos contradictorios", María José Scaniello, integrante de CLADEM-Uruguay, red feministra que defiende los derechos de la mujer, consideró que la decisión representa "un avance muy grande en el acceso de las mujeres a un aborto seguro".
En tanto, desde el movimiento "Provida", Sofía Reyes acusó a los legisladores de discriminar a las mujeres y aseguró que "con ley o sin ley el trabajo va a seguir siendo apoyar a la madre para que pueda tener ese bebé".
La organización Médicos del Mundo, por su parte, consideró que la norma es "un antecedente positivo" para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la región.
