Un fallecido en choques callejeros entre civiles opositores y oficialistas marcó el inicio de una huelga en la región de Santa Cruz, locomotora económica de Bolivia, por un censo de población, mientras la Unión Europea (UE) y la ONU llamaron a evitar la violencia.
El presidente Luis Arce señaló en Twitter: “Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro” e instó a investigar los hechos y “sancionar a los responsables”.
Puerto Quijarro, ciudad del departamento de Santa Cruz fronteriza con Brasil de unos 20 mil habitantes, registró desde la madrugada fuertes choques callejeros entre civiles opositores y oficialistas con piedras, palos y petardos, según imágenes difundidas en redes sociales.
Grupos de opositores al gobierno del izquierdista Arce llegaron a Puerto Quijarro para cortar el tránsito de vehículos en un puente, pero vecinos del lugar que rechazan la protesta lograron desbloquear la vía.
En los incidentes, Pablo Taborga, quien habría sido agredido con palos, fue ingresado a un hospital del lugar, donde luego falleció.
Según el gobernador, el gobierno de Arce "acarreó" gente a las protestas
El gobernador derechista de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló en una primera evaluación que “es lamentable, lastimosamente lo habíamos dicho, el acarreo de gente, obviamente genera violencia”. Camacho alegó que el oficialismo trasladó a personas de otras regiones del país para contrarrestar la fuerza de los bloqueos. Tras los incidentes, las oficinas en La Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea emitieron comunicados para lamentar lo ocurrido.
La ONU-Bolivia “lamenta la pérdida de una vida humana y exhorta a los actores políticos y sociales a evitar escenarios de confrontación y violencia”, mientras la UE deploró “la pérdida de una vida y llamamos a encontrar escenarios de reencuentro entre bolivianos”.
Ciudad paralizada. Santa Cruz resolvió las protestas hace más de dos semanas para reclamar el adelanto del censo. El comité cívico departamental, un conglomerado civil y empresarial, urge al gobierno a decretar un censo el próximo año, usado como base en Bolivia para la asignación de escaños en el Congreso y de recursos económicos públicos de acuerdo a la distribución de la población.
Santa Cruz, el departamento más poblado de Bolivia, accede a recursos económicos y se le asignan diputados en el Congreso en base a un censo de hace más de diez años, pero alega que el dato está desactualizado y que le corresponden más.
La ciudad de Santa Cruz, de casi dos millones de habitantes y capital de la región del mismo nombre, exhibía sus calles y avenidas vacías, con cruces bloqueados con piedras, palos y promontorios de tierra.
El transporte público es casi inexistente y solo algunos automotores privados se animan a circular con precaución. Si bien el centro lucía tranquilo, en algunos barrios se reportaron choques callejeros entre vecinos que apoyan las protestas y otros que reclamaron la libre circulación de transporte y personas.
En barrios con migración de vecinos aymaras, que simpatizan con el gobierno del izquierdista Arce, había poca afluencia de comerciantes al menudeo.
Diálogo. Junto con el inicio de la huelga, que incluye el bloqueo de caminos interdepartamentales, se abrió una mesa de diálogo entre dirigentes del comité cívico y el gobierno de Arce. Hubo ayer un primer encuentro, informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en busca de superar las diferencias. Santa Cruz reclama el censo para 2023 y el gobierno afirma que no hay condiciones técnicas para cumplir esa exigencia y que recién puede realizarse en 2024. “Necesitamos bajar la tensión, necesitamos dar certidumbre a la población”, señaló Alcón.
“Creo que esto que estamos viviendo es fruto de la intransigencia del gobierno”, dijo Camacho, pieza clave en la renuncia del presidente indígena Evo Morales en 2019 tras 14 años de gobierno.
Bolivia registra un nuevo conflicto político de magnitud dos años después de la llegada del izquierdista Luis Arce al poder. Los últimos hechos de violencia política se registraron a fines de 2019, cuando Bolivia estuvo al borde de una guerra civil. Opositores de derecha denunciaron un fraude en las elecciones de ese año y acusaron como responsable a Morales, quien aspiraba a gobernar hasta 2025, y quien renunció en medio de la crisis.
