El caso Próvolo, que involucraba a nueve acusadas de abuso sexual y violación de niños sordos en un internado católico de Mendoza, entre ellas dos monjas, resolvió este miércoles la absolución de los imputados.
Un tribunal penal dictó las absoluciones tras dos años y medio de un proceso cuestionado por familiares de las víctimas, niños de entre 4 y 17 años desde 2004 en el instituto católico Antonio Próvolo, cerrado en 2016.
En dos juicios anteriores, en 2018 y 2019, fueron condenados los sacerdotes Nicola Corradi, a 42 años de cárcel, y Horacio Corbacho (a 44 años) y el exjardinero del internado Armando Gómez Bravo (a 18 años). Corradi, de nacionalidad italiana, murió en 2022 a los 84 años.
Este tercer juicio involucró los abusos a once de los niños y niñas del instituto, que hasta el momento de las denuncias era considerado como uno de los mejores centros especializados en tratamientos para trastornos del lenguaje y discapacidad auditiva del país.
Las tres juezas del tribunal absolvieron a las monjas Kumiko Kosaka, de nacionalidad japonesa, y Asunción Martínez, paraguaya, así como a la exrepresentante legal Graciela Pascual, a la exdirectora Gladys Pinacca, a la excocinera Noemí Paz, a la psicóloga Cecilia Raffo, y a las ex empleadas Valeska Quintana, Laura Gaetán y Cristina Leguiza.
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"Es una total injusticia", remarcó uno de los padres de las víctimas
"Es una total injusticia. Ya hubo condenados, los hechos ocurrieron. Ahora se estaba juzgando el conocimiento y había pruebas suficientes. Esperábamos justicia", lamentó Ariel Lizarraga, padre de una de las víctimas, en diálogo con la agencia AFP.
"Hay un blindaje económico, de la Iglesia, del Vaticano, de la comunidad religiosa. Querían limpiar la mancha de las condenas anteriores", afirmó Lizarraga.
La defensa de las víctimas anunció que apelarán la sentencia ante la Suprema Corte de la provincia de Mendoza y, eventualmente, ante la Corte Suprema argentina y organismos internacionales competentes, pero esperarán la publicación de los fundamentos del fallo.
"Si la misma declaración fue usada como prueba en las condenas anteriores, en las que los chicos contaron cómo eran entregados para ser abusados, y contaron que hablaron con ellas y no hicieron nada, ¿por qué ahora no alcanza para condenarlas?", se preguntó el abogado Lucas Lecour, consultado por la agencia AFP.
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Para el letrado, "la única explicación es que las juezas no hayan entendido la declaración de los chicos desde la perspectiva de la discapacidad. No han entendido la cultura sorda. O tal vez algo peor que veré en los fundamentos".
La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual había solicitado para las monjas Kosaka y Martínez condenas de 25 y 10 años de cárcel, respectivamente, de 18 años para Pascual, y de 3 años para Pinacca y Paz.
Lizarraga se quejó de las tres juezas del tribunal, quienes "no tuvieron ninguna consideración para con las víctimas, que ahora quedan como mentirosos. Y siempre dijeron la verdad. No mienten, los hechos ocurrieron", denunció.
La monja Kosaka era la acusada más comprometida, porque afrontaba cargos por abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primario por omisión, es decir que por su rol debía saber de los crímenes y denunciarlos. El resto estaba acusado por corrupción de menores y participación por omisión.
Por otros abusos en el instituto quedan abiertas investigaciones "que difícilmente progresen", explicó Lecour, porque no están identificados sus presuntos autores.
CA/ED
