martes 03 de agosto de 2021
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03-05-2021 17:49

Caso Próvolo de Mendoza: comenzó el juicio con nueve imputadas y la defensa pidió la nulidad

Es el segundo juicio por el abuso sexual de niños hipoacúsicos. Ahora son juzgadas monjas, directivas y empleadas del instituto.

03-05-2021 17:49

El segundo juicio por el abuso sexual de niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo, de Mendoza, comenzó este lunes 3 de mayo con la presentación del abogado de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, acusadas de haber participado en el abuso, que pidieron la nulidad absoluta del juicio.

Luego de que en el primer juicio fueron condenados dos curas, un jardinero y un empleado administrativo, ahora son nueve mujeres que enfrentan el juicio como imputadas. Se trata de dos monjas (una de ellas Kumico que ya lleva cuatro años de detención), exdirectivas y exempleadas del establecimiento emplazado en Luján de Cuyo.

Durante el inicio del debate oral desarrollado en forma virtual, el representante legal de las monjas, Carlos Varela Álvarez, inició una presentación de nulidad absoluta del juicio sobre el derecho de defensa de Kosaka Kumiko cuando aún no estaba detenida y adelantó que el fuerte de la defensa “será el cuestionamiento a las interpretaciones del lenguaje de señas”.

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De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el letrado no pudo terminar su presentación durante esta primera audiencia y continuará este martes. Es que la primera audiencia de este segundo juicio por el caso Próvolo se desarrolló con numerosos problemas técnicos y de conexión a la red externos al tribunal, pero finalmente se inició con la identificación de todas las imputadas y se abrió formalmente el debate. Ahora, el tribunal colegiado deberá evaluar la presentación de Varela Álvarez y definir cómo continúa el juicio, que tendrá una nueva audiencia mañana a las 9.

Quiénes son las monjas, directivas y empleadas acusadas por los abusos en el Próvolo

Este nuevo juicio unifica tres causas y son nueve las personas imputadas, entre ellas dos monjas, la administradora legal y otras seis mujeres, que se desempeñaban en la dirección, la docencia y la maestranza del instituto, en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación por omisión.

La monja japonesa Kumiko Kosaka (46), acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto está en libertad.

Completan la nomina de imputadas la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las exdirectoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60), la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63), acusadas como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.

Qué plantean los abogados defensores y querellantes

En diálogo con la prensa a la salida del tribunal, el defensor recordó que "en el primer juicio se condenó a los imputados por hechos donde supuestamente Kosaka o las demás imputadas habrían participado, y ahora la querella y la fiscalía lo quieren hacer valer como si ya este segundo juicio fuera pan comido, pero nosotros sostenemos que no”.

Para ello, según consignó la agencia Télam, adelantó que van a declarar sus propios intérpretes, y la gente de ADAJUS, el organismo nacional que cuestionó 17 cámaras Gesell, porque nuestro fuerte está en el tema de las interpretaciones”.

El abogado recordó que en 2017 fueron denunciados penalmente los interpretes oficiales y algunos miembros del cuerpo médico forense, tanto por la defensa oficial como por nosotros, y la Procuración no ha hecho nada al respecto”. “La fiscalía ha tomado partido y no quiere que se cuestione a los interpretes oficiales, quiere un relato oficial y nuestra pelea es derrumbar la historia oficial, es así de simple”, afirmó.

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En tanto, el abogado querellante Sergio Salinas indicó hoy a Télam que la nulidad “es la reedición que presentaron varias veces durante la instrucción de la causa y en la audiencia preliminar. No hay nada nuevo y fueron varios las y los jueces los que rechazaron este planteo, y es más de lo mismo de estos planteos dilatorios”.

El abogado criticó que la defensa haya denunciado penalmente a los interpretes oficiales diciendo que tergiversan las declaraciones de los sobrevivientes en perjuicio de las monjas. “Han producido varios videos para los medios de comunicación donde la monja Kumiko Kosaka pretende dar una versión distinta de los hechos. Incluso han desarrollado una página web con la que se busca modificar la opinión pública sobre los aberrantes hechos del Próvolo”, criticó.

Varela Álvarez, dijo que este lunes “fue un día muy importante para Kosaka Kumico porque significa estar cuatro años sin sentencia y estando detenida, lo que es casi un récord en Mendoza sin que se resuelva la libertad de esta persona”.

Asimismo, cuestionó la discriminación hacia sus defendidas y el hecho de hacer un juicio virtual porque lo mejor es que sea presencial para que las personas vean a los testigos, y estos a los abogados”. “Estamos esperanzados en la prueba y si bien es un juicio largo, de unos cuatro meses, esperamos que un tribunal imparcial decida”, dijo Varela.

Qué sucedió en el Instituto Próvolo de Mendoza

Los abusos en el Próvolo, cuya denuncia y condena fueron noticia y ejemplo de justicia a nivel mundial, se conocieron en 2016 cuando se escuchó por primera vez a Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, quien, ayudado por un intérprete de señas, contó en la Legislatura de Mendoza los hechos aberrantes que ocurrían en la institución religiosa.

Fue un 18 de noviembre de 2016, en medio de una charla sobre los Derechos del Niño en la Legislatura de Mendoza, cuando una senadora tomó coraje y llevó la denuncia a la justicia.

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Durante el primer juicio habían sido condenados por los abusos de menores los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) a 45 y 42 años de prisión.

En tanto, el jardinero Armando Gómez (49) recibió una pena de 18 años y el empleado administrativo Jorge Bordón, quien aceptó los abusos cometidos en un juicio abreviado, recibió una pena de diez años.

En la causa, que tiene una decena de víctimas de entre 4 y 17 años, Corbacho había sido imputado por 16 hechos que incluyen "abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores", mientras que a Corradi lo acusaron por cinco y a Gómez por otros cuatro.

ED CP