Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron condenados a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber abusado sexualmente de menores en el ámbito del Instituto Próvolo. En tanto, el jardinero Armando Gómez recibió una pena de 18 años de prisión por similares delitos.
Corbacho, de 59 años; Corradi, de 83 y nacionalidad italiana, y Gómez, de 57, llegaron al juicio como acusados de abusos de menores sordomudos e hipoacúsicos en centros educativos de La Plata y Mendoza gestionados por el Instituto Próvolo —vinculado a la Iglesia— . El juicio se había desarrollado desde el 5 de agosto pasado en de la Sala 6 del Fuero Penal Colegiado.
Corbacho había sido imputado por 16 hechos, mientras que a Corradi lo acusan por seis y a Gómez por otros seis, en una causa que tiene una decena de víctimas de entre 4 y 17 años de edad.
Se trata de la segunda condena por los abusos en el Instituto Próvolo, ya que ya había sido sentenciado a diez años de prisión Jorge Bordón, un monaguillo que también trabajaba en el establecimiento y fue hallado culpable de once abusos.
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Testimonios durante el juicio. Una veintena de denuncias pesaron sobre la causa mendocina contra los sacerdotes del Instituto Próvolo, cuyas víctimas son sordomudos o discapacitados que asistieron a esa entidad. A lo largo de los 49 días que duró el proceso, uno de los testigos sostuvo ante los jueces del tribunal, que Gómez lo tocó en sus partes íntimas y afirmó que fue abusado sexualmente por una persona que quedó desligada del expediente al ser declarada ininmputable.
El testigo, que fue alumno del establecimiento entre 1997 y 2008, también relató que otro compañero dormía los fines de semana en la habitación de Corradi, aunque no pudo precisar si fue abusado. En segundo término prestó testimonio la pareja del testigo anterior, quien estuvo en el Próvolo entre los años 2006 y 2008, cuando fue expulsada. Declaró que aunque ella no sufrió los abusos, aseguró que sí tenía conocimiento que a su hermana le pegaban y también sospecha que era violada.
La joven sostuvo que dedujo esto por los cambios de comportamiento y humor, pero que también vio una vez una de sus prendas de ropa interior con rastros de semen. Además, declaró que su padre vio a un chico con los pantalones bajos y sangrando y dio testimonio del maltrato a que sometía la monja Kosaka Kumiko a los chicos y que una cocinera le pidió que no comente nada.
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El caso. El Instituto fue fundado en la ciudad de Verona (Italia) en 1895 y en sus centros se encargó de la educación de chicos sordomudos o con dificultades de expresión. En la década de 1980, surgió una ola de denuncias de abuso sexual a menores por parte de los religiosos.
Muchos de ellos fueron enviados a la Argentina, entre ellos Corradi. Por ello, welabogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, Carlos Lombardi, asegura que "es imposible que [la Iglesia mendocina] desconociera el nombre de los sacerdotes, sobre todo el de Corradi, y por lo menos los hechos que se produjeron en Italia, porque su normativa canónica así lo exige".
Un reportaje del semanario italiano L'Espresso de 2009 incluye macabros testimonios de ex alumnos del Próvolo que fueron forzados a actos de sodomía y tocamientos por parte de los sacerdotes. Los problemas de comunicación les dificultaban denunciar los hechos. Las violaciones se dieron entre los años 50 y los 80 y se estima en al menos un centenar las víctimas. Sin embargo, en el país europeo las acciones judiciales están "prescritas", dijo Lombardi.
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"El Vaticano sabía de esta historia porque el Papa Francisco nombró una comisión en 2013 para ver estos temas. Pero no llegó a ningún lado porque el sistema de encubrimiento de la Iglesia Católica permanece intacto", explicó el letrado. En 2008, una madre de una víctima abusada por sacerdotes del Instituto Próvolo de La Plata radicó una denuncia ante la Justicia, causa que finalmente fue archivada. Para Lombardi, esto "demuestra la responsabilidad de cierto sector de la magistratura judicial en el ocultamiento de estos hechos".
El expediente fue abierto nuevamente y hay un sumario en curso para determinar los motivos por los cuales se tomó la decisión. El referente de la Red de Supervivientes enfatizó en que hay una "triple responsabilidad": del propio Instituto Próvolo, del Arzobispado de Mendoza y del Estado. "Si hay un organismo de supervisión de los establecimientos privados religiosos, hay una negligencia en cuanto a no haber detectado los signos de abuso de los menores", indicó.
B.D.N.
