El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional para un caso concreto el artículo de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil, aprobada por el Congreso en marzo de 2026 y que bajó de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
Según la resolución, la magistrada sobreseyó a un chico de esa edad acusado de participar de un intento de robo y ordenó que intervinieran organismos de protección de derechos de la Ciudad.
Al frente de la presentación estuvieron el fiscal coordinador Mauro Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. Además de cuestionar la resolución, el Ministerio Público Fiscal pidió que De Marinis sea apartada de la causa.
Por ahora, la apelación deberá ser analizada por la instancia judicial correspondiente.
Eduardo Riggi, el fiscal general adjunto en lo Penal y Contravencional de la Ciudad, sostuvo que uno de los principales cuestionamientos al fallo es que la jueza habría tratado la edad de 16 años como si se tratara de un derecho adquirido y no como una definición establecida por una ley que podía ser modificada por el Congreso.
Sostuvo Riggi en declaraciones a Radio Mitre: “Hallamos una debilidad enorme en varios de los fundamentos de la jueza”. El funcionario también cuestionó que la magistrada haya utilizado la vulnerabilidad del adolescente y las características concretas del hecho como parte de los fundamentos para declarar inconstitucional la norma.
Esta causa comenzó por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años fue abordado en la vía pública por un grupo de jóvenes que, según la investigación, intentó robarle. La víctima logró escapar y pedir ayuda a un policía que se encontraba patrullando la zona
“Navegaremos a ciegas”: los interrogantes que plantea la nueva Ley Penal Juvenil
Entre los jóvenes detenidos estaba el adolescente identificado en el expediente con las iniciales M.I.A., de 14 años, quien estaba imputado junto con otras personas, pero fue el único que quedó sobreseído.
Según su resolución, la magistrada sostuvo que la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal suponía un retroceso respecto del sistema anterior y citó, entre otros argumentos, el principio de progresividad de los derechos humanos.
Además, tuvo en cuenta las circunstancias particulares del adolescente. El chico vive con su madre, que tiene problemas de salud, y un hermano de 19 años que dejó recientemente su trabajo para asistirla. La familia no cuenta con gas natural y recibe ayuda alimentaria. Además, el adolescente había dejado la escuela después de una mudanza y manifestó su intención de retomar los estudios.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos”, escribió la jueza, al referirse a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan algunos menores. También aclaró que no buscaba “romantizar la infracción penal juvenil”, sino plantear que el sistema penal debía ser la última alternativa.
Por eso, en lugar de continuar con la persecución penal, la jueza dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, con el objetivo de que se diseñara un plan de acompañamiento.
Las críticas de Jorge Macri y Patricia Bullrich
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la jueza y cuestionó que la magistrada haya declarado inconstitucional un artículo de una ley aprobada por el Congreso.
“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, sostuvo Macri en una publicación en X.
Seguido a eso, afirmó que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y agregó: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.
Más tarde, en declaraciones televisivas, el jefe de Gobierno cuestionó que los jueces puedan apartarse de una norma sancionada por el Poder Legislativo. “Los jueces tienen que aplicar las leyes, no hacer leyes nuevas”, sostuvo, y afirmó que si un magistrado pretende modificar el contenido de una ley debe hacerlo desde el Congreso.
Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, también cuestionó la resolución. “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”, publicó en X.
Y agregó: “Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.
MV
